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“¿Golpe al Poder Judicial? El Paro Nacional que Desafía al Gobierno de México”

El paro judicial que se ha extendido a 28 estados de México pone sobre la mesa una interrogante preocupante: ¿está el gobierno de López Obrador buscando debilitar las instituciones que garantizan el equilibrio de poder en el país?

Con miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) suspendiendo labores indefinidamente en defensa de sus derechos laborales, la situación ha escalado a niveles sin precedentes.


La reforma que se discute en el Congreso plantea cambios significativos: jueces elegidos por voto popular y el fin de la carrera judicial, tal como se conoce.


Lo que a primera vista podría parecer un esfuerzo por democratizar el sistema judicial, es visto por muchos como un ataque directo a la independencia del Poder Judicial…

Si los jueces son elegidos por voto popular, ¿se está abriendo la puerta a la manipulación política y al control gubernamental sobre las decisiones judiciales?


El apoyo al paro por parte de importantes asociaciones de abogados y magistrados, como el Consejo General de la Abogacía Mexicana y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, refleja la gravedad del conflicto.


Con más del 85% de los juzgadores del país votando a favor de detener actividades, el descontento es palpable.



Pero el Gobierno no parece dispuesto a ceder. En lugar de abrir un diálogo genuino con los trabajadores y los actores judiciales, la represión ha comenzado a manifestarse.



¿Es este el preludio de un gobierno que busca consolidar el control sobre todos los poderes del Estado?


La huelga no solo paraliza el sistema judicial, dejando de atender casos clave, sino que también levanta una bandera roja sobre las intenciones del gobierno.


"Según varios analistas y críticos en temas políticos" la reforma amenaza con desmantelar uno de los últimos bastiones de equilibrio en el país. Mientras los trabajadores y magistrados defienden sus derechos, el gobierno parece decidido a avanzar con una agenda que pone en riesgo la justicia y el estado de derecho en México.



Ante este panorama, surge una pregunta inevitable: ¿estamos viendo el primer paso hacia un poder absoluto que elimina cualquier contrapeso? La respuesta, y las consecuencias están por definirse.


 






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