EL COMBUSTIBLE QUE SALIÓ DE PEMEX Y TERMINÓ EN EL HUACHICOL
Deer Park, y la pregunta incomoda.
Hay historias que comienzan con una sospecha. Otras comienzan culpando a cualquier chivo expiatorio.
Y antes de continuar, querido lector, conviene hacer una pequeña advertencia: Sí, en México aparece la palabra huachicol; puede ser que en tu mente ya tengas nombres y apellidos.
Pero también puede ser que estés perdiendo de vista quién está detrás de la puerta.
La investigación de la Fiscalía General de la República sobre una red de contrabando de hidrocarburos vinculada a Ingemar acaba de introducir un detalle particularmente incómodo: parte del combustible que la Fiscalía rastrea hasta esa operación habría salido de Deer Park Refining, la refinería ubicada en Texas que pertenece totalmente a Pemex desde 2022.
Y aquí comienza la parte en la que sería recomendable no apresurarse a señalar culpables.
Porque una cosa es lo que la Fiscalía acusa. Otra, lo que el expediente documenta. Y otra muy distinta, lo que finalmente pueda probarse ante un juez. Por favor, no confundir las tres.
Ahora sí..
Según el expediente judicial citado por EL PAÍS, diez carrotanques enviados desde Deer Park a través de Ingemar ingresaron por la aduana de Nuevo Laredo.
Los documentos aduanales indicaban que transportaban 100 mil litros de gasolina.
Los peritajes realizados posteriormente encontraron 1 millón 32 mil 680 litros.
Es decir, más de diez veces el volumen declarado. Esto nos obliga a detenernos.
100 mil litros y más de un millón no constituyen una pequeña diferencia administrativa.
No es aquello de: “Perdón, señor agente, creo que se nos fue un cero”.
Aquí hablamos de una diferencia que, según la investigación, habría formado parte de una mecánica más amplia mediante la cual la red declaraba alrededor del 10% del combustible que realmente transportaba.
La Fiscalía sostiene que la operación completa habría involucrado al menos 163 ferrotanques y más de 18 millones de litros de hidrocarburos, con una evasión fiscal estimada en alrededor de 166.4 millones de pesos.
Y aquí aparece la primera palabra que merece definición. Control.
Control: Palabra que significa, en teoría, saber qué entra, qué sale, cuánto pesa, cuánto cuesta, quién lo compra y hacia dónde termina.
En política y en administración pública, existe una versión más creativa:
Control es aquello que todos aseguran tener hasta que alguien hace la pregunta incómoda.
No se apresuren. Todavía falta lo más interesante.
El problema no es solamente que una red privada haya sido señalada por presuntamente introducir combustible de contrabando.
El verdadero problema comienza cuando uno de los puntos de origen señalados por la investigación pertenece al propio Estado mexicano. Deer Park es de Pemex.
Y fue el expresidente Andrés Manuel López el que necesitaba comprar Deer Park.
Y es Pemex quien administra la refinería texana mediante su filial PMI Comercio Internacional.
De pronto, la historia deja de parecer exclusivamente una historia de contrabando.
Se convierte también en una historia sobre trazabilidad, controles internos y responsabilidades institucionales. Y esa es una conversación bastante menos cómoda.
Recapitulemos: si un cargamento sale de una instalación propiedad de Pemex, pasa por una empresa a la que la concesión fue autorizada en el gobierno de AMLO y que presuntamente está vinculada a una red investigada, cruza la frontera, entra por una aduana mexicana con un volumen declarado muy inferior al que posteriormente encuentran los peritos y termina asegurado en Coahuila, entonces: ¿quién contrabandeó el combustible?
Hay que preguntar:
¿En qué punto dejaron de funcionar los controles que supuestamente debían impedirlo?
Esa es una pregunta diferente. Y mucho más peligrosa.
Encontrar al responsable de una operación ilícita puede resolver un expediente.
Pero descubrir cómo fue posible que ocurriera puede revelar algo mucho más grande.
Aquí conviene recordar una vieja lección de Maquiavelo, aunque él jamás tuvo que lidiar con carrotanques, aduanas digitales ni facturas electrónicas.
El poder no consiste únicamente en mandar.
También consiste en controlar los mecanismos que permiten que las cosas sucedan sin que parezcan suceder. Y ahí aparece el verdadero truco.
Ingemar aparece en el expediente como pieza central de la operación investigada.
Crismon Hidrocarburos y Derivados aparece señalada por la FGR como un vehículo financiero relevante; según el expediente citado por EL PAÍS, esa empresa transfirió a Ingemar 10 mil 132 millones de pesos durante 2025.
Además, la Fiscalía atribuye al agente aduanal Juan Hermilio Chávez Rodríguez un papel determinante en la presunta simulación documental; el funcionario se encuentra prófugo, de acuerdo con el expediente citado. Observe el mecanismo.
Una empresa, otra empresa, un agente aduanal.
Y finalmente, un Estado intentando reconstruir el camino que alguien diseñó para que pareciera normal mientras estaba ocurriendo.
Eso es lo verdaderamente inquietante. Los grandes esquemas de corrupción rara vez necesitan que todos sean cómplices.
Les basta con que cada pieza haga exactamente lo que debe hacer y nadie pregunte demasiado por el resultado final.
Esa es una de las formas más eficientes de esconder una operación a plena luz del día.
No hace falta desaparecer el combustible. Basta con cambiarle el número.
Ernesto Ruffo, accionista mayoritario de Ingemar y exgobernador de Baja California, fue vinculado a proceso junto con otros acusados por delincuencia organizada y delitos relacionados con el contrabando de hidrocarburos.
Ruffo niega haber participado en operaciones ilícitas. Eso también debe quedar claro.
Debido a que una investigación de la Fiscalía no equivale a una sentencia.
Pero tampoco debemos cometer el error contrario: creer que mientras no exista sentencia no existe nada que investigar. Precisamente para eso existen las investigaciones.
Por esa misma razón te invito a plantearte una pregunta institucional bastante desagradable:
Si Pemex es propietario de la refinería de la que salió parte del combustible investigado, ¿quién revisaba la ruta completa de esos cargamentos?
Quién verificó. Quién comprobó. Quién cruzó los datos.
Quien preguntó por qué los documentos hablaban de 100 mil litros cuando los tanques contenían más de un millón.
La corrupción moderna tiene una ventaja sobre la corrupción antigua:
Puede esconderse detrás de una cantidad perfectamente escrita en un documento.
Y durante un tiempo, el documento parece tener razón.
Hasta que llega el peritaje.
Y entonces resulta que el papel no mentía. Simplemente decía una cosa distinta de la realidad.
Aquí es donde conviene abandonar por un momento el escándalo y observar el tablero.
La discusión pública probablemente se concentrará en Ruffo. Y es comprensible.
Es un exgobernador. Y curiosamente, podría ser solo un alfil, quizá opositor
Es accionista mayoritario de una empresa señalada en la investigación.
Tiene nombre.
Tiene historia.
Tiene partido.
Tiene todos los elementos necesarios para convertir un expediente judicial en una batalla política.
Pero si nos quedamos solamente ahí, quizá perdamos la parte más importante.
El verdadero asunto es saber cómo pudo funcionar una operación de esta magnitud sin que los sistemas destinados a detectarla la detuvieran antes.
Si la respuesta termina siendo que todo dependía de encontrar a un culpable después de que el combustible ya había cruzado la frontera, entonces quizá no teníamos un sistema de prevención.
Y eso, querido lector, es bastante menos tranquilizador.
Pero la política seria comienza precisamente cuando dejamos de conformarnos con esa versión.
Una red de contrabando puede tener nombres. Pero un sistema que permitió que funcionara tiene procesos.
Y los procesos no pueden ser detenidos con una conferencia de prensa.
Quizá por eso este caso debería preocupar incluso a quienes no tienen la menor simpatía por Ernesto Ruffo.
Esto no se trata de defenderlo. Tampoco de condenarlo antes de tiempo.
Y mucho menos de convertir el huachicol en otro capítulo de la eterna guerra entre partidos.
Se trata de algo bastante más sencillo.
Si el combustible salió de una refinería propiedad del Estado mexicano y terminó formando parte de una operación investigada por contrabando, alguien tendrá que explicar dónde falló el Estado.
Y si alguien descubre que no falló una sola vez, sino en varios puntos consecutivos, entonces quizá ya no estemos hablando de un error.
Estaremos hablando de un sistema.
Y continúan funcionando mientras nadie modifica los incentivos que los hicieron posibles.
Por eso la pregunta final no debería ser solamente:
¿Quién se quedó con la gasolina?
Yo voy más allá y la pregunta que realmente importa es otra:
¿Quién estaba obligado a vigilar sin que nadie lo notara?
En política, como en el viejo arte de Maquiavelo, el poder no siempre se descubre mirando quién tiene la corona.
A veces se descubre observando quién decidió ordenar y quién tiene la suficiente autoridad para decir que todo está en orden.
Y quizá ahí esté la verdadera respuesta. Y podríamos empezar si descubrimos quién tuvo el poder suficiente para dar la orden.
Al final, como dictaría el más puro estilo maquiavélico, el verdadero príncipe no necesita dar la cara; le basta con diseñar el laberinto y dejar que los ratones se debatan en teorías sobre cómo ponerle el cascabel al Gato.
Recuerden bien que el poder absoluto no se desgasta en la ejecución.
“El nombre del responsable no está escrito en ningún documento, pero en la realidad de los hechos, su identidad es más que obvia."
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