“EL PODER SABE ADMINISTRAR SILENCIO”.
En política, una acusación puede convertirse en escándalo. Pero cuando el poder decide qué merece una investigación y qué puede esperar, el silencio deja de ser ausencia de respuesta y comienza a convertirse en parte del juego.
Hay instituciones que terminan protegiendo al sistema que deberían vigilar.
Es ahí donde vemos que el poder no necesita negar los hechos: basta con administrar los tiempos.
Hay algo que el poder entiende mucho mejor que la ciudadanía:
Una acusación puede incendiar las redes durante algunos días.
El ciudadano vuelve Cuando los contrapesos se debilitan y el poder concentra cada vez más a su rutina. Y el expediente, si alguien decide abrirlo, puede esperar.
Maquiavelo probablemente habría entendido perfectamente el mecanismo.
No siempre hace falta negar una acusación. A veces basta con no convertirla en una investigación.
Ese es el verdadero punto detrás del caso de Andy, Rocha Moya, Adán Augusto y Jorge Amílcar Olán.
No corresponde a una columna determinar si una persona es culpable o inocente. Eso corresponde a las instituciones y, llegado el caso, a los tribunales.
Lo que sí corresponde es cuestionar: ¿Qué hace el Estado cuando aparecen señalamientos suficientemente serios como para justificar que sean investigados?
Reportajes periodísticos han señalado movimientos financieros, adquisición de inmuebles y operaciones empresariales vinculadas con Olán. Y aquí aparece el primer problema.
El 16 de septiembre, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, afirmó que no existían órdenes de aprehensión contra Olán ni contra Andrés Manuel López Beltrán.
Días después, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que corresponde a la Fiscalía determinar si existen elementos suficientes para investigar a Olán.
Y mientras en México la discusión continuaba alrededor de si existían elementos para proceder, medios internacionales reportaron que al menos dos agencias estadounidenses estaban revisando acusaciones relacionadas con López Beltrán.
Aquí es donde el análisis deja de ser sobre una persona. Y empieza a ser sobre un sistema.
El problema es que una investigación seria no existe para confirmar lo que ya sabemos.
Existe precisamente para averiguar lo que todavía no sabemos.
Si una autoridad solamente investigara aquello que ya está probado, las fiscalías serían innecesarias.
Bastaría con esperar al expediente perfecto. Esperar al documento definitivo. Esperar al testigo indiscutible.
Esperar a que alguien llegue con la prueba bajo el brazo. Y entonces investigar.
Pero así no funciona un Estado de derecho.
La investigación es justamente el mecanismo mediante el cual el Estado determina si los indicios tienen sustento, si existe delito y quién resulta responsable.
Por eso, el verdadero problema no es que una fiscalía diga: “No hay una orden de aprehensión.”
Y ahí aparece una de las reglas más antiguas del poder: EL PODER TAMBIÉN ADMINISTRA EL SILENCIO.
Los gobiernos clásicos necesitaban controlar el cabildeo.
El poder contemporáneo y los regímenes autoritarios tienen herramientas más sofisticadas: modificar leyes a su favor, tener poder total, controlar medios, radio, televisión, blindar a sus allegados, esperar a que llegue la siguiente noticia. Esperar a que el ciudadano se canse.
Esperar a que la indignación sea reemplazada por otra indignación.
El silencio tiene efectos políticos aunque nadie reconozca haberlo diseñado.
México no parte de cero, Freedom House señala en su evaluación de 2026 que el país mantiene déficits severos de Estado de derecho y problemas de corrupción e impunidad.
Transparencia Internacional registró para México una puntuación de 27 sobre 100 en su Índice de Percepción, ubicándolo en el lugar 141 de 182 países. Tener 27 puntos significa que México es percibido como un país con altos niveles de corrupción estructural, impunidad y debilidad institucional, quedando muy lejos de una calificación aprobatoria o transparente.
Es decir: el problema no es solamente Amílcar Olán.
Olán es el Peón dentro de un problema institucional mucho más grande.
La corrupción se convierte en algo que la sociedad observa, comenta, comparte y finalmente olvida, y aquí entra la parte más incómoda.
Una parte de la sociedad continúa esperando que algo cambie.
Que llegue el siguiente gobierno. Que alguien finalmente “ponga orden”.
Como si la democracia funcionara por milagros. Pero el poder no trabaja con milagros. Trabaja con estructuras.
Mientras una parte de la sociedad espera que el sistema se corrija solo, quienes tienen capacidad de decisión siguen utilizando las herramientas que tienen disponibles.
Eso es, quizá, una de las lecciones que todavía podemos extraer de Maquiavelo siglos después: el poder no se conserva solamente porque la gente crea en él; se conserva porque existen mecanismos que permiten ejercerlo, reproducirlo y protegerlo.
Y quizá por eso el problema mexicano no puede reducirse a preguntar quién es bueno y quién es malo.
No estoy tratando de condenar a alguien desde mi columna. Se trata de preguntarnos algo mucho más incómodo: ¿qué clase de democracia estamos construyendo si el ciudadano tiene que esperar a que el poder decida investigar, cuando son precisamente las instituciones del propio poder las que deberían garantizar que nadie esté por encima de la ley?
Una democracia no se mide por un logo partidista. Se mide por quién puede vigilar a quien gobierna.
Mi querido lector, lo importante en una democracia no es tener un gobierno fuerte que invoque la soberanía como argumento, mientras se protege a quien la destruye.
La verdadera democracia es que exista equilibrio de poderes.
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