En Concordia no hubo rescate, hubo confirmación.
- Carlos Avendaño
- 12 feb
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En Concordia, Sinaloa, diez trabajadores mineros fueron privados de la libertad. Días después, cinco de ellos fueron localizados sin vida en una fosa clandestina. La investigación continúa.
Los hechos son estremecedores. Pero más inquietante que el crimen es el patrón que parece repetirse: desaparición, búsqueda tardía, hallazgo, comunicado.
La empresa para la que laboraban emitió un posicionamiento público expresando consternación y apoyo a las familias. El Estado desplegó operativos militares posteriores al hallazgo. Todo dentro del protocolo.
Sin embargo, la pregunta que emerge no es judicial —eso corresponde a la autoridad— sino estructural:
¿En qué momento el Estado dejó de ser preventivo para convertirse únicamente en reactivo?
No se trata de imputar responsabilidades individuales ni de anticipar conclusiones penales. Se trata de observar que en diversas regiones del país la presencia institucional parece intensificarse después de la tragedia, no antes.
En zonas donde operan inversiones nacionales y extranjeras, donde se extraen recursos y se generan empleos, la garantía mínima debería ser la seguridad de quienes trabajan.
Cuando el hallazgo sustituye a la prevención, la autoridad corre el riesgo de convertirse en una instancia forense más que en un mecanismo de protección.
Las familias no piden discursos. Piden certeza.
Y esa certeza no se construye con operativos posteriores, sino con inteligencia previa, coordinación efectiva y control territorial real.
En Concordia no está en juicio una empresa ni una persona. Está en discusión la capacidad del Estado para garantizar que trabajar no sea una actividad de riesgo mortal.
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