Jirones de nuestra historia: La Ley del Caso

Por José Luis Jaramillo Vela:

Era el año de 1833. México, aún joven e inestable, intentaba consolidar su independencia. Apenas cinco años antes, España había intentado reconquistar el territorio, pero fue derrotada por Santa Anna en Soto la Marina y por el almirante Pedro Sáinz de Baranda en San Juan de Ulúa.

México resistía, pero su política interna seguía dividida y débil.

Ese mismo año, Antonio López de Santa Anna fue electo presidente y Valentín Gómez Farías vicepresidente. Santa Anna, más militar que estadista, solía ausentarse, dejando el poder en manos de Gómez Farías, liberal decidido a impulsar reformas contra los privilegios de la Iglesia y los conservadores. Estas medidas desataron rebeliones y conspiraciones.

Aunque la historia lo pinta como dictador, Santa Anna nunca se asumió como tal. Su gobierno era más pragmático que ideológico, guiado por intereses y ambiciones personales sí.

Tras sofocar rebeliones en Michoacán y el Estado de México, fue capturado por los generales conservadores, quienes le exigieron derogar las reformas, destituir a Lorenzo de Zavala y asumir como “Supremo Dictador”. Sorprendentemente, Santa Anna rechazó el título. Ordenado su fusilamiento, fue rescatado en un golpe audaz y regresó a la capital decidido a recuperar el poder.

El 23 de junio de 1833, con el respaldo del Congreso, Santa Anna promulgó la llamada Ley del Caso, un instrumento para desterrar por seis años a cincuenta opositores incluidos jerarcas de la Iglesia y a “cualquiera que se encontrara en el mismo caso”.

Esa ambigüedad permitió aplicarla a discreción, es decir, contra todo enemigo político o personal.

El pueblo la rebautizó como “Ley del Cazo”, en alusión a freír a los opositores “hasta hacerlos chicharrón”. Los artículos eran severos castigos para autoridades que encubrieran a los desterrados, prolongación del exilio si regresaban antes de tiempo, designación secreta del lugar de destierro y, en casos extremos, pérdida de empleos y cárcel para funcionarios que los ayudaran.

El impacto fue devastador familias deshechas, clérigos en el exilio, tensiones con el Vaticano y quejas diplomáticas de los países que recibían a los expulsados. México convertía a sus rivales en parias políticos.

Un año después, las consecuencias eran insostenibles. En una larga y melodramática carta al Congreso, Santa Anna pidió abolir la ley, mostrándose como un presidente “humanitario”, atormentado por el llanto de los niños hambrientos y el sufrimiento de las madres y esposas. El 24 de junio de 1834, la Ley del Caso fue derogada.

Duró apenas un año… oficialmente.

Aunque desapareció en papel, la “Ley del Caso” se convirtió en una práctica política no escrita que sigue vigente 192 años después.

Los métodos han cambiado del destierro decretado al “exilio voluntario”, de la negociación forzada a la presión mediante expedientes judiciales o amenazas veladas. Periodistas, opositores y disidentes han sufrido y sufren esta forma de destierro moderno.

En México, la política sigue marcada por ese poder desmedido del Ejecutivo y los gobernadores, hoy incluso con vínculos con el crimen organizado.

Lo que en 1833 fue un decreto, hoy es un mecanismo informal pero igual de eficaz para deshacerse de enemigos incómodos.

La Ley del Caso, más allá de Santa Anna, quedó inscrita en la cultura política mexicana y eso es lo que puede sonar como recordatorio de un poder que se impone no solo por la ley, sino por la conveniencia.

“Estamos como estamos, porque somos como somos.” —Ricardo Salinas Pliego.

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