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LA LIBERTAD TAMBIÉN SE PAGA EN EFECTIVO

8 nov
4 min de lectura

La digitalización financiera promete comodidad y eficiencia, pero una nueva ley abre la puerta a que determinados sectores operen exclusivamente con pagos electrónicos. El problema no es modernizar la economía.


Hay libertades que no se pierden de golpe. Se van entregando poco a poco, mediante decisiones que parecen cómodas, necesarias e incluso convenientes.


No siempre llegan acompañadas de una prohibición. A veces se presentan como modernización, eficiencia o progreso. Y, como suelen venir envueltas en buenas intenciones, pocos se detienen a preguntar cuánto pueden costar.

La libertad financiera es una de ellas.


No consiste solamente en tener dinero. También significa conservar la capacidad de decidir cómo utilizarlo, dónde mantenerlo y bajo qué condiciones disponer de él. Significa tener alternativas cuando una institución falla, una plataforma deja de funcionar o una decisión administrativa cambia las reglas.



Una cosa es facilitar los pagos digitales y otra muy distinta es construir un sistema en el que cada vez dependamos más de intermediarios para utilizar nuestro propio dinero.


El pasado 4 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que entró en vigor al día siguiente.


Su propósito es promover la adopción de medios de pago digitales y electrónicos. Hasta ahí, nadie tendría por qué oponerse a una economía con mejores herramientas tecnológicas.

El problema comienza cuando revisamos las facultades que incorpora.


El artículo 13 establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los medios de pago digitales y electrónicos podrán convertirse en la única forma de pago.


El artículo 14 permite que las autoridades competentes establezcan las condiciones, obligaciones y plazos para realizar una transición gradual del efectivo hacia esos medios digitales.


El artículo 15 contempla que, cuando una contingencia imposibilite recibir pagos electrónicos, se permita pagar en efectivo o cheque.


Sin embargo, el artículo 16 advierte que esas contingencias no podrán justificar de manera permanente o recurrente el incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley.


Y hay un detalle que merece especial atención: el tercer artículo transitorio establece que Hacienda deberá determinar, dentro de los quince días hábiles siguientes a la entrada en vigor del decreto, los sectores y actividades en los que podrá aplicarse esta modalidad. Además, el cuarto transitorio establece otro plazo de quince días hábiles, contado a partir de la publicación de esa determinación, para que las autoridades correspondientes emitan las disposiciones administrativas que regulen su aplicación.


Es decir, la ley no deja esta posibilidad en una referencia indefinida: establece plazos concretos para avanzar hacia su implementación.


Conviene ser precisos: la legislación no elimina el efectivo en todo México ni crea por sí misma una moneda digital. Tampoco establece que todos los establecimientos dejarán de recibir billetes.


Lo que sí hace es abrir la posibilidad de que determinados sectores y actividades adopten los pagos digitales y electrónicos como única forma de pago.


La ley puede establecer una transición gradual, pero eso no resuelve por sí solo las condiciones reales de millones de personas.


La inclusión financiera no se consigue obligando a todos a utilizar una herramienta.

Se consigue garantizando que todos tengan acceso a ella sin perder otras opciones.

Y no confundamos: el efectivo también representa autonomía.


Puede ser menos práctico para algunas operaciones, pero sigue siendo una alternativa que permite realizar intercambios sin depender de toda esa infraestructura.

 

Y si alguien considera exagerada esta preocupación, vale la pena mirar lo ocurrido recientemente en Paraguay.


El 3 de noviembre, el Banco Central de ese país inició un procedimiento de resolución de Ueno Bank, una entidad financiera digital cuya situación de solvencia había generado preocupación entre las autoridades supervisoras.


Ese mismo día, Carlos Carvallo, presidente del Banco Central del Paraguay, presentó su renuncia a petición del mandatario Santiago Peña.


No significa que el dinero de todos los clientes se haya perdido ni que el sistema financiero paraguayo haya colapsado.


El propio Banco Central presentó el procedimiento como una medida para atender la situación de la entidad y proteger a sus depositantes.


Pero exhibe un problema concreto,  una institución financiera que atraviesa una crisis, la dependencia de sus plataformas y canales de operación que puede convertirse en una dificultad inmediata para quienes necesitan disponer de su dinero.


No estamos que México vaya a experimentar lo mismo.

Lo que si decimos es que ningún sistema financiero debe considerarse infalible y ninguna sociedad debería quedarse sin alternativas.


Por eso también necesitamos saber qué garantías tendrán los ciudadanos para acceder a sus recursos.


La confianza no se decreta. Se construye con instituciones confiables, supervisión efectiva y alternativas reales.


La soberanía no consiste solamente en que un Estado tenga control sobre sus instituciones.

También implica que las personas conserven capacidad de decisión frente a ellas.


De poco sirve hablar de modernización si el ciudadano termina dependiendo de autorizaciones, intermediarios y sistemas sobre los que tiene escaso control.


Mi querido lector, no se trata de elegir entre el efectivo y el dinero digital. Se trata de entender  que  tenemos que contar con diversas alternativas, porque eso también es una forma de libertad.


Porque el día que no puedas elegir cómo disponer de tu propio dinero, la comodidad habrá comenzado a cobrar un precio demasiado alto.



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