SEGURIDAD SIN JUSTICIA: ¿EL ESTADO GASTA MÁS Y HACE MENOS?
Hay una forma bastante elegante de gastar más dinero y seguir sin poder hacer cumplir la ley.
Hay palabras que, después de escucharlas demasiadas veces, comienzan a parecer sospechosas.
Seguridad, por ejemplo.
La encontramos en discursos.
En informes.
En conferencias.
En presupuestos.
Y, naturalmente, en promesas.
Más seguridad.
Más inteligencia.
Más estrategia.
Más coordinación.
Es curioso. A veces la política repite tanto una palabra que termina convencida de que ya produjo el resultado.
Pero la seguridad tiene la desagradable costumbre de exigir pruebas.
Y las pruebas, querido lector, suelen ser mucho menos fotogénicas.
Una patrulla puede detener a alguien. Lo difícil viene después.
Hay que investigar. Probar. Integrar. Acusar.
Y conseguir que un juez encuentre razones suficientes para que la ley pueda sostener lo que la policía comenzó.
Esta es la parte menos emocionante de la historia.
El Gobierno federal asegura que el presupuesto de seguridad para 2027 aumenta 11.5%.
Once punto cinco. Una cifra respetable. Casi tranquilizadora.
Pero existe algo que los porcentajes suelen intentar evitar: ¿Qué compró realmente ese dinero? Y no hablamos de patrullas, cámaras ni uniformes.
Hablamos de: ¿Cuánta capacidad adquirió el Estado para hacer cumplir la ley?
Porque gastar más no necesariamente significa poder más.
Y aquí empieza el pequeño problema.
Una cadena tiene varios eslabones.
Policía.
Ministerio Público.
Peritos.
Fiscalía.
Jueces.
Laboratorios.
Sistemas.
Expedientes.
Si uno falla, los demás pueden seguir funcionando.
Eso es lo terrible.
El Estado puede continuar pareciendo Estado mientras una parte fundamental de él deja de funcionar.
Puede haber policías sin investigación. Investigaciones sin peritos. Peritos sin laboratorios suficientes. Fiscalías sin capacidad. Expedientes sin sentencia.
Y entonces ocurre algo extraordinariamente conveniente para el delito: no necesita vencer al Estado. Solo necesita esperar a que el Estado se estorbe solo.
Recientemente, escuché lo que Rubén Moreira ha señalado, precisamente las carencias de policías, fiscalías, ministerios públicos y juzgados.
Podemos discutir su posición política. Y claro que debemos hacerlo.
Pero sería bastante cómodo reducir el problema a una pelea entre Gobierno y oposición.
Porque la inseguridad tiene una costumbre desagradable: no pregunta por quién votamos antes de llegar a nuestra puerta.
El presupuesto tiene memoria. El presupuesto, querido lector, es una especie de autobiografía del poder.
Cuenta sus prioridades sin necesidad de confesarlas.
Por eso la pregunta no debería ser solo de cuánto aumentó el gasto.
Debería ser: ¿Aumentó también la capacidad de resolver?
Porque hay una diferencia en ello y capacidad para resolverlos.
Una diferencia bastante incómoda. Y aquí aparece la parte triste.
Un ciudadano denuncia.
Espera.
Pregunta.
Vuelve a esperar.
Mientras tanto, alguien explica que existen protocolos, estrategias y coordinación institucional.
Todo parece estar funcionando.
Excepto, quizá, el caso.
Y cuando eso sucede suficientes veces, ocurre algo peor que un delito.
La sociedad empieza a acostumbrarse. Se acostumbra a la denuncia que no avanza.
Al expediente que no llega.
A la víctima que deja de insistir.
A aterrorizar la política
A la idea de que la justicia es una posibilidad reservada para quienes tienen tiempo, dinero o suerte.
Ésa es una forma particularmente silenciosa de perder un Estado.
Simplemente deja de funcionar donde más importa.
Y aquí termina la parte presupuestal. Porque el Gobierno puede gastar más. La oposición puede exigir más.
Los discursos pueden multiplicarse.
Y, aun así, una pregunta seguirá esperando en algún lugar.
Probablemente en una fiscalía.
Probablemente en un juzgado.
Probablemente frente a una familia. ¿Qué pasó con mi caso?
Esa es la pregunta que ningún porcentaje puede contestar.
Y quizá por eso convenga recordar algo bastante desagradable: el presupuesto no compra justicia.
Compra las condiciones para que la justicia pueda existir.
Lo demás depende de si el Estado sabe utilizar aquello que compró.
Y cuando llega ese momento, querido lector, desaparecen los porcentajes, los discursos y las presentaciones rimbombantes.
Queda solamente una cosa. La ley. Pero nosotros seguimos teniendo la pregunta más incómoda de todas:
¿Puede el Estado hacerla cumplir?
Comentarios