CUANDO LA HISTORIA DA LA RAZÓN.
Es increíble ver lo que sucede hoy en México con las decisiones de los gobiernos emanados de Morena. Muchos ejemplos podríamos dar, pero en este momento existe uno en especial que no puede soslayarse: una gobernadora y su fiscal deciden capacitar a su personal judicial y policiaco con personal extranjero.
No importan las siglas: hablamos de una gobernadora que, aunque tiene origen partidario panista, al ganar las elecciones y obtener el cargo deja de actuar como partidaria, pues sus deliberaciones y acciones benefician o perjudican a todos, de manera directa o indirecta.
Gracias a esa capacitación, logran dar un golpe espectacular a la delincuencia organizada, un golpe histórico que debería ganarle el aplauso de todo el país y cuyo ejemplo deberían seguir los demás gobernadores e incluso el Gobierno federal.
Sin embargo, sucedió exactamente lo contrario: acusaron al Gobierno de Chihuahua de traición a la patria. ¡Qué barbaridad! ¡Qué incongruencia! ¡Qué mensaje tan estúpido le mandan al país! Imaginemos cuál es el razonamiento de los delincuentes: desde luego, festejan el hecho y ven con singular alegría cómo su impunidad se hace gigante ante la complicidad del gobierno emanado de Morena.
Imaginemos qué piensan los demás gobernadores del país ante hechos similares: nadie moverá un dedo, porque la orden implícita es «naden de muertito»; ustedes ni ven ni escuchan; la delincuencia tiene el camino franco en México.
Pero algo verdaderamente desmesurado es la acusación de traición a la patria contra César Jáuregui, exprocurador de Chihuahua, por destruir un narcolaboratorio gigante. Dicen los de Morena que había agentes norteamericanos en ese operativo y que murieron en un accidente automovilístico.
Si así fue, habría que agradecerles que vinieran a un país que no es el suyo y dieran su vida para ayudar a erradicar un cáncer putrefacto que tiene a México sumido en el terror y la violencia, en un contexto en el que el Gobierno federal, responsable de mantener la paz nacional, ha sido incapaz de hacerlo.
Deben dar los nombres de esos agentes extranjeros que murieron para que la historia les haga justicia. Pero debe aclararse que en lo acontecido no hubo traición a la patria, sino “traición” al Gobierno federal, al no aceptar ser parte del narcopacto que han construido con los grandes capos de la delincuencia organizada para ser su brazo político y sus protectores oficiales ya instalados en el poder público.
En ese contexto, existimos millones de mexicanos “traidores” que no aceptamos el narcopacto y rechazamos el narcoestado. César Jáuregui fue compañero de este modesto escribiente, comentólogo y articulista incipiente en la LIX Legislatura federal.
Los dos fuimos diputados federales. Lo conozco, sé de su trayectoria y es no solo honesto, sino también un abogado con gran profesionalismo y conocimiento de lo que hace. En ese entonces, al observar lo que pasaba en el país, presenté una iniciativa para reformar los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El objetivo era eliminar la pena de muerte que la propia Constitución federal permitía, aunque ese castigo ya se había suprimido de los códigos penales de los estados.
Pero existía el riesgo de que a algún gobernador loco o a algún presidente de la República medio trastornado —como se dio el caso— se le ocurriera incorporar la pena de muerte al Código Penal. Entonces, ¿para qué correr ese riesgo? Lo mejor era suprimir esa pena de la Constitución general de la República.
Pero eso no es todo: uno de los principales delitos por los que se podía mandar al cadalso, al paredón o a la silla eléctrica a un mexicano era el de traición a la patria, exactamente el mismo delito por el que hoy acusan y arrestan a César Jáuregui, exprocurador de Chihuahua.
Afortunadamente, presentamos la iniciativa el 13 de noviembre de 2003; el dictamen correspondiente se aprobó el 23 de junio de 2005; el Senado de la República hizo la declaratoria de aprobación del dictamen el 8 de noviembre de 2005, y el Ejecutivo federal lo promulgó y publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2005. Hoy en día, la Constitución ya no contempla la pena de muerte.
Quienes no creían que esa disposición representaba un riesgo para la democracia nacional hoy nos dan la razón, y la historia también, lo cual nos llena de satisfacción.
Pero la acusación que hacen los morenistas es tan desproporcionada y absurda que vale la pena comparar los hechos para tener una idea: en 1847, cuando los norteamericanos invadieron México, López de Santa Anna estaba librando la batalla del Molino del Rey, en la Ciudad de México, para impedir que los norteamericanos tomaran el Castillo de Chapultepec. Santa Anna cumplió su cometido; los gringos no podían vencerlo. El golpe final para detener la invasión norteamericana estaba a cargo del general Juan Nepomuceno Álvarez Hurtado, quien tenía bajo su mando a 3,000 soldados de caballería, listos y frescos para entrar en batalla.
Ese habría sido el golpe final contra los gringos, que se habrían regresado a su país “sin los territorios del norte como botín”.
Pero cuando Santa Anna dio la orden de que esos tres mil soldados entraran en batalla, Juan Nepomuceno Álvarez ordenó a la caballería replegarse. Su aspiración de ser presidente de México y sus diferencias con Santa Anna resultaron prioritarias para él, y dejó que el ejército norteamericano tomara Chapultepec y luego el Palacio Nacional. Ahí se perdió Texas; sin embargo, el verdadero traidor es considerado un héroe nacional e incluso lo llamaban «Tata Juan». Lo que hizo Juan Nepomuceno Álvarez sí constituye traición a la patria: entregó, según esta interpretación, la mitad del país a los norteamericanos.
En cambio, hoy el propio Gobierno, al igual que hizo Juan Nepomuceno Álvarez, se repliega y entrega el territorio mexicano a la delincuencia organizada con total cinismo, pero culpa de traidores a la patria a quienes combaten a los delincuentes.
Es la misma historia de la batalla del Molino del Rey de 1847, con todo y su chivo expiatorio, que entonces fue Santa Anna y hoy es César Jáuregui. Si no se hubiera aprobado la iniciativa con su respectivo dictamen para modificar los artículos 14 y 22 de la Constitución mexicana y suprimir la pena de muerte en el país, muy probablemente estaríamos presenciando ahora al primer acusado de un delito que pudiera llevarlo a la pena de muerte en México. Después de eso, solo echen a andar la imaginación para saber el final de la historia. Ese es el problema de que gente trastornada y enferma del cerebro llegue al Gobierno.
Este texto es un artículo de opinión. Los juicios, interpretaciones y datos expresados son responsabilidad exclusiva de su autor. Los hechos judiciales mencionados corresponden a un proceso en curso
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