"Huachicol: el oro negro y la detención de chivos expiatorios"

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En los últimos días, las autoridades mexicanas han difundido con orgullo las detenciones de huachicoleros clandestinos  y  el aseguramiento de combustibles robados. La narrativa oficial: se combate el huachicol.

  Pero ¿a quién se combate realmente?

Desde 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que el huachicol se había acabado.

Hoy, casi siete años después, los decomisos revelan lo contrario: no solo no se acabó, sino que mutó, se profesionalizó y se extendió.  Y con respaldo y apoyo de los brazos del poder.

Esto deja en evidencia que estamos frente a una red consolidada, organizada y con gran complicidad estructural.

Pero aquí viene la parte incómoda: no hay altos mandos detenidos. No hay empresarios vinculados a la cadena de distribución.

No hay funcionarios de Pemex investigados. Y mucho menos hay rastro de políticos o militares involucrados.

Todo lo que hay son pequeños grupos criminales, chivos expiatorios, células menores que funcionan más como distractores que como verdaderas cabecillas de esta gran red de corrupción, crimen  o terrorismo.

Los datos muestran que el huachicol ya no es un delito menor, ni exclusivo del crimen organizado tradicional.

Hoy representa una fuente de ingreso incluso más rentable que el narcotráfico.

Y lo más preocupante: el consumidor final ni siquiera sabe que está comprando combustible ilegal.

Si en el negocio de las drogas hay riesgo, violencia y fronteras, en el del huachicol hay demanda constante, uso cotidiano y total invisibilidad.

La gasolina robada se mezcla fácilmente en estaciones formales, se transporta en rutas conocidas y se esconde en la ineficiencia regulatoria.

Esto convierte al huachicol en el crimen perfecto: difícil de rastrear, fácil de ocultar, altamente rentable.

La narrativa oficial se enfoca en "desarticular células criminales", pero no toca a los verdaderos beneficiarios.

El negocio está enredado en intereses políticos, contratos oscuros, protección institucional y omisiones voluntarias.

Casos recientes como el socio del boxeador canelo Álvarez  Eric Daniel Zamora Delgadillo, señalado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado al igual que los bancos que fueron señalados por estados unidos donde expone también al exfuncionario Alfonso romo las autoridades de México siguen sin dar una sola  respuesta debido a que el expresidente AMLO Y   La UIF sabía desde agosto de 2024 de operaciones de Vector con prestanombres de García Luna

Las transferencias a Vector fueron investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como parte de la demanda civil que el gobierno mexicano presentó en 2021 ante una corte de Florida en contra de los Weinberg y de García Luna con el objetivo de recuperar cientos de millones de dólares que fueron desviados del erario a través de las empresas Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc.

Hay que recordar que los requerimientos sobre la información bancaria de Vector comenzaron el 12 de junio de 2024, cuando a solicitud del despacho de abogados que representaba a la UIF, la jueza del caso, Lisa Walsh, envió una carta rogatoria a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que solicitara a Citibanamex información sobre las operaciones realizadas por la cuenta 36885306 de Vector Casa de Bolsa.

No estamos frente a una simple coincidencia comercial. Lo que asoma aquí es un posible triángulo de poder, dinero e impunidad.

El contraste es brutal: el huachicol florece en las sombras con infraestructura, redes y logística que no podrían operar sin protección de alto nivel.

No podemos ignorar el contexto: estas redadas selectivas podrían ser parte de una estrategia para eliminar competencia, no para combatir el delito.

Como sucedió en otras etapas del crimen organizado, la “mano dura” suele aplicarse solo a los que no están bajo el manto protector del poder.

La pregunta que duele es: ¿Se combate el huachicol o se administra?

México está dejando de ser un país que combate al crimen, actualmente  se normaliza la corrupción y se apremia  una narrativa en lugar de las acciones,    para convertirse en un país que  regula los males  desde la conveniencia política.

El huachicol no es solo un delito: También es un negocio y, como todo gran negocio, requiere silencio, control de la narrativa y chivos expiatorios.

Y mientras tanto, los verdaderos responsables siguen gozando de total impunidad en sus juntas, en sus giras, mientras el combustible robado sigue llenando tanques  en nombre de una “transformación” que solo transforma la narrativa.

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