“La farsa del desafuero: un espectáculo mediático y blindaje político”

DESAFUERO A

Mientras los escándalos en el Senado acapara los reflectores, casos de mayor gravedad permanecen bajo la sombra del fuero, evidenciando una aplicación desigual de la ley.

La reciente discusión sobre el desafuero de un legislador por agresión física a un compañero de tribuna ha puesto en el centro del debate público el tema del fuero en México.

Pero no se trata solo de un jaloneo en el Senado: amenazas similares han surgido contra legisladores que han denunciado hechos graves o han  propuesto medidas para fortalecer la seguridad, como el caso de Lilly Téllez. Su llamado a aceptar la colaboración internacional para combatir el crimen organizado fue interpretado por algunos sectores del oficialismo como “traición a la patria”, lo que ilustra la paradoja de que defender la legalidad y la seguridad puede convertirse en motivo de sanción política.

Lo que, podemos ver, es que  podría interpretarse como un acto de justicia  por el comportamiento,  parece más un espectáculo mediático.

La exposición de un altercado menor se convierte en motivo para retirar protecciones constitucionales, mientras otros casos de mayor gravedad permanecen impunes.

Si la ley se aplica solo a quienes se hacen visibles en los reflectores, surge una interrogante fundamental: ¿por qué no se revisa el fuero de quienes enfrentan señalamientos serios, como los de Cuauhtémoc Blanco por presunto intento de agresión sexual a su media hermana, o de funcionarios que habrían protegido a subordinados con vínculos comprobables con el crimen organizado?

La lógica que debería guiar cualquier acción de desafuero es simple: coherencia, proporcionalidad y evidencia.

Sin embargo, en México es otra cara: los casos son seleccionados y según por  conveniencia política, la exposición mediática o la conveniencia partidista.

Este fenómeno afecta,  ha afectado y seguirá afectando las instituciones y debilita la credibilidad del Estado de derecho.

El problema no es solo interno. Algunos gobernadores y exfuncionarios que hoy son parte del proyecto político del oficialismo  están bajo la mira de agencias internacionales, como en Estados Unidos, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Ignorar estas alertas mientras se realiza un despliegue mediático sobre un jaloneo en el Congreso revela la desproporción entre lo grave y lo escandaloso.

La justicia selectiva  en México no solo debilita al país internamente, sino que deteriora  la imagen frente al mundo y complica la cooperación internacional.

La reflexión en este panorama debe entenderse de manera muy clara: el desafuero no puede ser una herramienta de espectáculo ni una moneda de cambio político.

Su función debe ser garantizar la rendición de cuentas, proteger la institucionalidad y asegurar que nadie esté por encima de la ley.

Casos recientes ilustran la gravedad del problema: cuando se preguntó a la presidenta de México sobre la propiedad de un senador que, adquirió una residencia valuada en más de 12 millones de pesos, se esperaba un compromiso claro con la transparencia y la rendición de cuentas.

Sin embargo, optó por defender al legislador por ser del mismo partido y desvió la atención al caso de García Luna, actualmente juzgado en Estados Unidos. Esta postura envía un mensaje preocupante: en México, la impunidad se protege cuando hay conveniencia política, y la búsqueda de transparencia se posterga, debilitando la confianza ciudadana y la participación democrática.

En estos momentos, México necesita un debate serio sobre el fuero y su aplicación, basado en principios de justicia imparcial y consistencia institucional, no en la lógica del escándalo ni de la conveniencia política.

Solo así se podrá restaurar la confianza y proteger la legitimidad de los órganos que deben velar por el cumplimiento de la ley.

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