“¿Salvar a un proyecto político… o salvar a México?”

Hay momentos en la historia de una nación donde el silencio no es prudencia: es complicidad. Donde callar no es neutralidad: es traición. México vive hoy lastimosamente uno de esos momentos.

Y Tabasco, el estado natal del expresidente López Obrador,  que se ha convertido en el epicentro de un escándalo que expone la cara más cruda de la política: la que prefiere proteger a su proyecto antes que proteger a su pueblo.

El caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, mejor conocido como el Comandante H, no es un caso aislado.

Es un síntoma de continuidad de  corrupción institucional, de  la captura del Estado por el crimen organizado, y de una clase política que ha aprendido a guardar silencio.

Bermúdez no es un personaje menor. Tiene ficha roja de la Interpol, está vinculado al grupo criminal La Barredora, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Documentos del Centro de Fusión de Inteligencia Sureste y de la Sedena desde 2019 lo señalaban por tráfico de combustible, drogas y vínculos con extorsiones.

Aquí viene lo mas interesante,. ¿Quién lo nombró y sostuvo en el cargo?

La respuesta es., Adán Augusto López Hernández. Exgobernador, exsecretario de Gobernación de AMLO, actual senador de Morena, y uno de los principales operadores del llamado “segundo piso de la 4T”.

El problema no es solo que no se actuó. El problema es que sabían todo… y decidieron encubrirlo.

Durante años, el obradorismo hizo del discurso anticorrupción su bandera. Señalaron a Genaro García Luna y a Felipe Calderón como responsables del vínculo entre narco y Estado. AMLO incluso afirmó, con tono categórico: “Todo lo que pasa en este país lo sabe el presidente”.

¿Entonces por qué aquí nadie sabía nada? ¿Por qué hoy nadie responde?

¿Dónde están las conferencias para explicar por qué sostuvieron a un presunto criminal en una de las posiciones más sensibles de la seguridad pública?

Lo que  si logramos ver  es un pacto. No un pacto con el narco (eso lo definirá la justicia), pero sí un pacto de silencio y encubrimiento.

AMLO en su momento guardó silencio. Claudia Sheinbaum apenas insinuó que debía aclararse el tema. Y el resto del aparato se agazapó.

La lealtad al proyecto político está por encima de la ética, de la justicia y de la verdad.Y eso es traición a la patria.

Una traición que se disfraza de institucionalidad.

Que se ampara en la narrativa de “transformación” para justificar omisiones que cuestan vidas.

¿De qué sirve hablar de cambio si el crimen sigue infiltrando  con la venia del poder?

Hoy la maquinaria está alineada, porque nadie quiere que este escándalo manche al proyecto rumbo al 2030. Blindar el poder es prioridad, para  que no caiga nadie.

Pero ante esta inercia del poder, surge una interrogante inevitable:¿Debe México seguir esperando que su clase política se autorregule, aunque eso implique años atrapado en una estructura de poder cada vez más autoritaria?

¿O es momento de aceptar que, ante un Estado omiso, quizá solo la presión de organismos internacionales y actores extranjeros como Estados Unidos podría romper el cerco de la impunidad?

Es un dilema incómodo, casi indignante. Pero si el pacto entre crimen y poder se vuelve norma, entonces los mexicanos podrían verse forzados a elegir entre dos males, la dependencia exterior o la resignación nacional.

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