Chihuahua, narcotráfico y poder: el choque político que abrió el debate nacional
- Lalo Porras Ortiz
- hace 3 días
- 8 min de lectura
Mientras el gobierno estatal enfrenta a los grupos criminales, desde el oficialismo federal prefirieron atacar políticamente a quien sí está actuando.
En lugar de reconocer resultados, decidieron fabricar una narrativa para desacreditar a un gobierno panista que trabaja por la paz y la seguridad.
Resulta preocupante que a Morena parezca incomodarle más el combate al narcotráfico que la existencia misma de los criminales y la relación de sus militantes con los cárteles.
La destrucción del megalaboratorio evidenció que en Chihuahua sí existe voluntad para enfrentar a los delincuentes, aun cuando eso genere molestias políticas.
AMLO SE COMPARÓ CON LÒPEZ MATEOS.
El señor Amlo, ni volviendo a nacer usted podrìa compararse de forma alguna a Lòpez Mateos.
En primer lugar, Lòpez Mateos era un tipo con personalidad, carisma, carácter, temperamento y estilo, que usted simplemente no tiene, consulte al espejo.
Lòpez Mateos tenía un especial atractivo, gracia, don de gentes, que usted no tiene.
A Lòpez Mateos le gustaba el boxeo, sabìa usar los puños y usted Amlo los puños no sabe para qué son.
Lòpz Mateos era un destacado orador, usted Amlo no sabe hilar dos frases, sus coitos interruptus mentales son patèticos.
Con Lòpez Mateos se instituyó el aguinaldo, usted se los quitaba a sus subalternos.
Pero lo más importante;
Entre 1940 y 1945, el PIB crece a un ritmo de 7.4 %, índice nunca antes alcanzado en la etapa postrevolucionaria.
Los sexenios presidenciales de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés proporcionaron los medios para alentar el crecimiento económico, la consolidación del mercado interno y la inserción de México en la economía mundial.
La actividad industrial registra un vigoroso crecimiento. La tasa de crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) alcanza entre 1946 y 1952 un promedio anual del 5.8 %, con un gran crecimiento que incrementa la la producción de la energía eléctrica y el petróleo y también de la industria manufacturera y de construcción en todo México.
Con el presidente Adolfo López Mateos, la económica creció 6% anual y en el periodo, con usted Amlo el PIB creció 0.81% anual, es decir, 4.86% en todo el sexenio, en otras palabras, se crecía más con López Mateos en un año, que con usted en 6 años.
Compararse con Lòpez Mateos señor Amlo, es comparar las peras con manzanas podridas.
Lòpez Mateos era un hombre recto y usted señor Amlo, está chueco, por donde se le mire.
Adolfo López Mateos fue un abogado y político mexicano que se desempeñó como presidente de México entre 1958 y 1964.
Usted Amlo se anda escondiendo de Trump.
México vive una de las etapas más contradictorias, degradadas y peligrosas de su historia
reciente.
Mientras el país continúa hundido en violencia, territorios capturados por el crimen organizado y miles de familias destruidas por una guerra interminable por las plazas, el
gobierno federal parece más enfocado en construir espectáculos políticos que en aplicar la
ley de manera pareja.
La incongruencia ya es imposible de ocultar.
Por un lado, el discurso oficial habla de soberanía nacional, defensa de la patria y combate a la corrupción.
Por otro, el mismo aparato federal tolera, minimiza o ralentiza acciones frente a personajes señalados en investigaciones internacionales gravísimas, mientras despliega toda su fuerza mediática e institucional contra actores políticos incómodos para el oficialismo.
Y el caso de Chihuahua se ha convertido en el ejemplo perfecto de esa contradicción.
El ridículo institucional de la FGR
El citatorio emitido contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván, terminó exhibiendo algo mucho más grave que una disputa política: exhibió la decadencia técnica e
institucional de la fiscalía general de la República:
o Errores de sintaxis.
o Errores de redacción.
o Fundamentaciones débiles.
o Referencias jurídicas cuestionables.
o Confusión procesal.
Más que un documento sólido elaborado por una fiscalía nacional parecía un instrumento
improvisado para generar presión política y espectáculo mediático.
Y eso resulta alarmante.
Porque si así actúa la principal institución de procuración de justicia
del país frente a una gobernadora constitucional, entonces cualquier ciudadano queda expuesto ante un aparato que parece haber sustituido el rigor jurídico por la propaganda
política.
Extradiciones: la ley que sí quieren ignorar
Aquí aparece la contradicción más grave de todas.
Si Estados Unidos ya presentó solicitudes formales de extradición contra determinados
personajes señalados por presuntos vínculos con estructuras criminales, entonces el
procedimiento legal es absolutamente claro:
* detención provisional,
* presentación ante juez federal,
* judicialización,
* proceso de extradición.
No “citatorios”.
No simulaciones.
No ruedas mediáticas.
No shows políticos.
Así funciona el derecho internacional.
Porque una extradición formal no se procesa como una simple entrevista ministerial local.
Se trata de un mecanismo internacional regulado por
tratados bilaterales y leyes federales.
Entonces la pregunta es inevitable:
¿por qué el gobierno mexicano parece dispuesto a doblar toda la maquinaria institucional
para golpear políticamente a ciertos actores, pero actúa con una cautela extrema cuando se
trata de personajes protegidos por el poder?
Ahí es donde la ciudadanía comienza a percibir algo profundamente peligroso: que la justicia dejó de ser imparcial y comenzó a operar bajo lógica política.
La doble moral del oficialismo
El gobierno federal habla constantemente de soberanía nacional. Pero al mismo tiempo:
* permite operación e inteligencia extranjera en territorio mexicano;
* mantiene coordinación con agencias estadounidenses;
* acepta presencia operativa en distintos estados;
* y tolera presión internacional selectiva cuando políticamente conviene.
Chihuahua no es la excepción.
En medio del caso: había presencia militar, presencia federal, un entorno político altamente tensionado y un alcalde morenista dentro del escenario político local.
En la vida real, el nacimiento de Chihuahua como estado de la Unión no tuvo "cláusulas secretas", pero sí tuvo una condición política durísima y una pelea legal muy real por su soberanía que casi cambia el mapa del norte de México.
La historia real detrás de su integración a la Federación en 1824 se resume en dos grandes realidades:
Cuando se empezó a diseñar el sistema federal mexicano a finales de 1823, el Congreso Constituyente en la Ciudad de México no quería que Chihuahua, Durango y Nuevo México fueran estados independientes.
Los veía como territorios gigantescos, despoblados y vulnerables.
Por ello, el Acta Constitutiva de la Federación del 31 de enero de 1824 impuso una condición: unirlos a todos a la fuerza en una sola macro-entidad federativa llamada el Estado Interno del Norte.
La condición para pertenecer a la federación era disolver sus identidades locales y someterse a una sola gran capital.
A los chihuahuenses y a los duranguenses no les gustó nada la idea de estar amarrados.
Chihuahua, que ya operaba con orgullo como una provincia autónoma, presionó intensamente bajo una postura muy clara: o entraban a la federación como un estado libre y soberano por derecho propio, o la relación con el centro se iba a fracturar.
La resistencia política y la insistencia de sus representantes (como José Ignacio Gutiérrez y Florentino Martínez) obligaron al Congreso Nacional a dar marcha atrás.
El 6 de julio de 1824, el Congreso Federal tuvo que decretar oficialmente la separación del invento del "Estado Interno del Norte" y declarar a Chihuahua como un Estado de la Federación con las mismas garantías que los demás.
El verdadero "pacto": La soberanía absoluta de su gobierno interior.
Al firmar la Constitución Federal de octubre de 1824, la única y gran condición que puso Chihuahua (junto al resto de los estados fundadores) fue que la Federación jamás podría intervenir en su administración y gobierno interior.
El estado se unía al pacto nacional, pero reservándose el derecho absoluto de crear sus propias leyes, sus propios tribunales y manejar su territorio.
Un intento directo de la Federación por destituir o desaforar unilateralmente a un gobernador violaría el pacto federal y la soberanía interior que estados como Chihuahua defendieron en 1824.
Esta disputa no es solo un debate de historia; es un choque legal muy real en el diseño del sistema constitucional mexicano, regulado principalmente por el artículo 111 de la Constitución Federal.
En México, la Cámara de Diputados a nivel federal tiene la facultad de iniciar un proceso de desafuero (declaratoria de procedencia) contra un gobernador si se le acusa de un delito federal.
Sin embargo, la propia Constitución Federal establece un freno de mano fundamental en su artículo 111 (párrafo quinto).
La resolución condenatoria de la Federación tiene un carácter únicamente declarativo.
Esto significa que la Cámara de Diputados federal no puede llegar a Chihuahua, quitarle el fuero al gobernador y arrestarlo. Lo que hace es "notificar" al Congreso del Estado de Chihuahua el dictamen.
Son los diputados locales de Chihuahua, como soberanos representantes de su pueblo, quienes tienen la última palabra para decidir si le retiran la inmunidad procesal al gobernador y si lo separan de su cargo.
Si los chihuahuenses dijeran, "Si Maru se va, nos vamos todos", es el recordatorio de que, más allá de la política o de los nombres en el gobierno, lo que realmente se defiende es la soberanía de Chihuahua.
Es decirle a la Federación: "Con nuestro estado y con nuestras decisiones no se juega".
Si la Federación incumple el pacto e intenta destituir a la gobernadora de Chihuahua a la mala, el estado puede defenderse y ganar legalmente dentro de las instituciones de la República.
El derecho y la viabilidad jurídica están de su lado para mantener su autonomía.
La frase no significaría una escisión de la Federación, pues suena casi imposible, pero como instrumento disuasivo en política es una estrategia sumamente poderosa y correcta.
En la ciencia política, esto se conoce como una estrategia de "disuasión por escalada".
Para el gobierno federal, iniciar un proceso contra un gobernador ya es desgastante.
Pero si la respuesta del estado no es solo la defensa técnica de un grupo de abogados, sino un cierre de filas absoluto bajo la premisa de "si se va ella, nos vamos todos", el cálculo cambia por completo.
El centro tiene que preguntarse: ¿Vale la pena abrir un boquete de gobernabilidad en el estado más grande del país por destituir a una persona?
El costo político, social y económico de enfrentar a una población unida suele ser mucho más alto que el beneficio de ganar una batalla jurídica.
Históricamente, los sistemas federales se mantienen estables porque ambas partes respetan ciertas líneas invisibles.
Al amagar con una ruptura total (aunque sea simbólica), Chihuahua le recuerda al poder central que el pacto federal es de dos vías: obediencia a cambio de respeto a la autonomía.
Es una forma de decirle al centro: "Si tú rompes las reglas del juego intentando quitarnos al gobernante que elegimos, nosotros nos sentimos liberados de seguir tus reglas".
Lo cierto es que el gobierno central ha venido minando el pacto federal con los años.
No es de ahora únicamente.
Y todos sabemos que nada es eterno.
Sobre todo en tiempos de grandes movimientos geopolíticos.
Gobernadora está citada como TESTIGO y puede solicitar en apego al ARTÍCULO 387 del Código Nacional de Procedimientos Penales:
1.-Solicitar que la diligencia se realice en Palacio de Gobierno o su despacho oficial:
Con fundamento en el art. 387 CNPP, puede pedir que el Ministerio Público vaya hasta ella, para no salir de sus funciones. Esto SÍ es válido y se concede siempre.
2. Entregar documentos, informes o escritos ANTES o DURANTE la comparecencia:
Puede llevar todo por escrito, leerlo, entregarlo y ampliarlo, PERO debe estar presente y contestar preguntas.
3. Hacer valer su fuero para que en esa diligencia NO se le tome declaración como imputada, solo como testigo:
Puede exigir que se deje constancia que solo declara como persona que sabe hechos, NO como investigada, y que nada de lo que diga se use después en su contra sin desafuero previo. Esto sí es protección del fuero.
En conclusión todo este tipo de cobardías son patadas de ahogado, son agentes distractores cortinas de humo, para desviar la atención del cochinero que está pasando con el NARCO-GOBIERNO de la 4T !
Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad exclusiva de su autor.
Nexus Media es un espacio editorial independiente que promueve el libre análisis, el debate público y la libertad de expresión conforme a los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
México continúa siendo una República democrática, representativa, laica y federal; y bajo ese principio constitucional, la pluralidad de ideas, el contraste de opiniones y el debate público libre constituyen pilares esenciales de la vida democrática nacional.
Comentarios