¿Quién investiga al poder? La verdadera prueba de una Fiscalía autónoma
- Armando Javier Garcia
- hace 3 días
- 2 min de lectura
Hay una pregunta que toda democracia debería poder responder sin titubeos: ¿cómo demuestra una Fiscalía que realmente es autónoma?
Durante décadas, los mexicanos escuchamos lo mismo: que la justicia dejaría de distinguir entre nombres, cargos o colores partidistas, que nadie estaría por encima de la ley. Con la llegada del gobierno que hizo del lema "no mentir, no robar y no traicionar" uno de sus principales estandartes.
Sin embargo, toda institución enfrenta, tarde o temprano, el momento que define su credibilidad: lo estamos viviendo ahora.
En el momento en que las investigaciones dejan de apuntar hacia afuera y comienzan a acercarse al poder.
Es ahí donde una Fiscalía deja de ser un discurso para convertirse —o no— en una institución.
En los últimos meses, diversos señalamientos han vuelto a poner sobre la mesa nombres vinculados a actores políticos mexicanos. Frente a ello, el Gobierno de México y la Fiscalía General de la República han mantenido una postura institucional: sostienen que no existen elementos suficientes para iniciar determinadas acciones.
Esa posición forma parte de sus atribuciones legales. Pero, precisamente por la relevancia pública del tema, también es legítimo que la ciudadanía formule preguntas.
¿Cuáles son los estándares probatorios que utiliza la Fiscalía? ¿Qué elementos se consideran suficientes para abrir una investigación? ¿Qué mecanismos institucionales garantizan que ninguna decisión esté influida por intereses políticos?
Existe una diferencia enorme entre creer en una institución y confiar en ella.
La primera puede surgir de la simpatía política; la segunda solo se construye mediante decisiones objetivas, consistentes y verificables.
Una Fiscalía verdaderamente autónoma no protege gobiernos ni persigue adversarios: protege la legalidad.
¿Cómo confiar en una Fiscalía cuando la ciudadanía desconoce los estándares con los que se forman sus fiscales, qué controles garantizan su independencia o qué tan ajenos están de intereses políticos?
No es un señalamiento, pero en décadas la fabricación de culpables ha sido una herramienta recurrente del aparato de procuración de justicia mexicano, sin distinción de partido en el poder.
Ese es el patrón que debe preocuparnos: no si tal o cual detenido es culpable, sino si la maquinaria que decide quién es investigado y quién no, o de la conveniencia de quien gobierna en turno.
Porque una Fiscalía no se legitima por el nombre de quien la encabeza ni por el gobierno que la nombró: se legitima por sus resultados y por la coherencia de sus criterios, sin importar a quién toquen.
Y aquí, mi querido lector, vale la pena preguntar: ¿la justicia en México tiene un solo rostro, o cambia de forma según quién ocupe el poder?
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