Después de Ruffo Appel, ¿Quién sigue?

La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por presuntos delitos relacionados con el llamado “Huachicol Fiscal”, volvió a poner sobre la mesa una pregunta que incomoda tanto al oficialismo como a la oposición: ¿La justicia llegará parejo o seguirá avanzando por carriles distintos? Nadie puede sostener seriamente que un ex gobernador no deba responder ante la ley si existen pruebas suficientes en su contra, este principio debe aplicarse sin excepción.

El problema aparece cuando la misma severidad no parece observarse frente a otros personajes del poder que, desde hace años, han sido mencionados en investigaciones periodísticas, denuncias públicas o señalamientos políticos relacionados con el contrabando de combustibles. Ahí aparecen nombres de alto perfil vinculados en el debate público con este tema: el senador Adán Augusto López; el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal; el ex secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán; así como diversos mandos navales y otras figuras políticas.

En algunos casos existen investigaciones, procesos o detenciones de terceros; en otros, únicamente denuncias, versiones periodísticas o señalamientos de actores políticos. Hasta ahora, la situación jurídica de cada uno es distinta y la responsabilidad penal sólo puede establecerse mediante resoluciones de autoridad competente.

También han existido denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República contra Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán -hijos de AMLO-. La sola presentación de una denuncia, sin embargo, no acredita responsabilidad alguna ni implica que exista una imputación formal, este es precisamente el punto. Si la Fiscalía General de la República considera que existen elementos para investigar a cualquier persona, debe de hacerlo sin importar el apellido, el partido o el cargo que ocupe. Y si no existen esos elementos, también debe decirlo con claridad.

Lo que termina erosionando la confianza pública no es que una investigación concluya sin responsables, lo que la destruye, es la percepción de que algunos expedientes avanzan a toda velocidad mientras otros parecen dormir indefinidamente en un archivero. La captura de Ruffo Appel abre inevitablemente una comparación. Porque cuando un ex gobernador de oposición es detenido y, al mismo tiempo, continúan abiertas preguntas sobre otros personajes de la vida pública, la exigencia ciudadana es inevitable: que la ley se aplique con el mismo rigor para todos.

No se trata de condenar mediáticamente a nadie, se trata de exigir un principio elemental de cualquier Estado de derecho. Que la justicia no tenga colores, que los expedientes no distingan partidos, y que las investigaciones no dependan de la cercanía con el poder. Porque si la ley sólo alcanza a los adversarios y nunca a los aliados, deja de parecer justicia, y comienza a parecer estrategia política

https://youtu.be/qhGKiHdZFIc?si=OBGCJA2rlagEfiwb