“El acarreo de siempre, la 4T de siempre”.
- Carlos Avendaño
- hace 2 días
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MORENA celebró siete años en el poder con una movilización que reprodujo un mecanismo histórico en la política mexicana: el acarreo. Desde la madrugada, camiones de diversas entidades saturaron accesos y avenidas de la Ciudad de México. El Zócalo reunió a miles de asistentes que llegaron bajo una logística organizada y financiada desde ámbitos que nadie reconoce abiertamente.
El evento reflejó una dinámica conocida: materiales nuevos, transporte garantizado y la participación de personas que viajaron largas distancias sin claridad sobre el propósito más allá de llenar un espacio público. La escena, repetida durante décadas por diversos partidos, reaparece ahora en un gobierno que prometió eliminar estas prácticas.
Las preguntas relevantes persisten: ¿Quién financia estos despliegues? ¿Con qué recursos se organizan? ¿Por qué se normaliza una movilización que se presenta como espontánea, cuando es resultado de una estructura operativa? Las respuestas oficiales y la realidad suelen moverse en coordenadas distintas.
En la Cámara de Diputados, el cierre del año llegó con un incremento de $113 mil pesos anuales para cada legislador. La decisión se tomó en un contexto de dificultades económicas, inflación sostenida y una percepción ciudadana de distancia entre representantes y representados.
El contraste es evidente al revisar los montos que acompañan la labor legislativa: dieta mensual, aguinaldo, apoyos de asistencia y atención ciudadana. En conjunto, las cifras superan los $300 mil pesos antes del cierre del año. La aprobación, realizada sin justificación técnica ni procesos de consulta, refuerza la idea de que la austeridad opera como discurso y no como práctica obligatoria.
Cada aumento destinado a prestaciones personales se traduce en recursos que no llegan a áreas urgentes del Estado: seguridad, salud, educación o justicia. El Congreso demuestra rapidez legislativa cuando los beneficios recaen sobre sí mismo, un contraste con la lentitud para atender las prioridades nacionales.
La llegada de Ernestina Godoy Ramos a la Fiscalía General de la República abrió la conversación pública sobre su red familiar ubicada en instituciones gubernamentales. Los nombres y cargos aparecen en registros oficiales y, aunque no implican irregularidad por sí mismos, plantean un debate sobre percepción, meritocracia y límites éticos.
La coincidencia entre vínculos familiares y posiciones dentro del Estado es una constante en la política nacional. No violenta la ley, pero sí activa cuestionamientos sobre los criterios reales de selección. En política, la percepción suele pesar tanto como los expedientes, y cuando una nómina parece un árbol familiar, el escrutinio público se vuelve inevitable.
Mientras tanto Un carrito de supermercado con productos básicos alcanzando los $3,000 pesos resume el impacto de la inflación en la vida cotidiana. El aumento sostenido de precios no corresponde con el ritmo del salario mínimo, lo que coloca a millones de familias en una situación de presión económica constante.
Mientras las autoridades destacan indicadores macroeconómicos, la experiencia diaria de la ciudadanía presenta un escenario distinto: el poder adquisitivo disminuye y el costo de la canasta básica se eleva de forma continua. La distancia entre discurso y realidad genera desconfianza y evidencia la insuficiencia de las políticas actuales para contener el deterioro.
México observa prácticas políticas que se repiten con nuevos nombres, estructuras que privilegian intereses internos y decisiones públicas desconectadas de la vida real.
La pregunta es directa y ya no admite evasivas
:¿Quién gobierna para el país y quién gobierna para sí mismo?
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