“El libro de Julio Scherer rompió el silencio. El Estado guarda silencio.”
- Armando Javier Garcia
- 14 feb
- 2 Min. de lectura
En una democracia funcional, las acusaciones públicas de delitos graves entre integrantes de la élite gobernante no constituyen un espectáculo mediático más; son el punto de partida de investigaciones formales.
No se administran como ruido político. Se procesan como crisis institucional.
En México, en menos de horas, figuras de alto nivel vinculadas a Morena se han acusado mutuamente de delitos que no son menores ni ambiguos: tráfico de influencias, lavado de dinero, financiamiento ilegal de campañas, corrupción, huachicol, encubrimiento, desvío de recursos, abuso de poder.
No son señalamientos de la oposición. No son filtraciones anónimas. No son rumores de pasillo. Son acusaciones entre quienes comparten el poder. Y eso cambia todo.
El detonante fue el libro de Julio Scherer Ibarra, ex consejero del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde se formulan señalamientos directos contra actores clave del obradorismo, entre ellos Jesús Ramírez Cuevas, figura central en la arquitectura comunicacional del movimiento.
Las respuestas no tardaron. Las imputaciones escalaron. Se cruzaron acusaciones de corrupción, tráfico de influencias e incluso insinuaciones de vínculos con intereses extranjeros.
El fuego cruzado alcanzó también a figuras como Ricardo Monreal y Layda Sansores San Román, entre otros más.
No se trata, por tanto, de un conflicto marginal; es una fractura interna que atraviesa el oficialismo.
Desde luego, no corresponde a una columna de opinión determinar culpabilidades.
La justicia no se administra desde la retórica. Pero sí corresponde exigir congruencia institucional.
El contexto es igualmente relevante. México enfrenta desde hace años cuestionamientos persistentes sobre corrupción, captura institucional y penetración del crimen organizado en estructuras locales y regionales. Informes periodísticos, investigaciones académicas y declaraciones de autoridades extranjeras — incluidas las de Donald Trump — Han señalado la preocupación internacional por la solidez institucional mexicana frente a redes criminales.
En México, lo que prevalece es el silencio a modo.
La presidenta no ha fijado una postura pública contundente frente a esta tormenta. No ha convocado explícitamente a esclarecer los hechos.
La cuestión de fondo no es si Morena debería enfrentar sanciones extremas o perder el registro. Esa es una discusión jurídica que solo tendría cabida tras sentencias firmes y violaciones comprobadas.
Si las acusaciones son falsas, deben sancionarse como difamación política. Si son ciertas, deben procesarse penalmente.
Lo que no pueden es quedarse flotando en el aire, convertidas en munición retórica de una guerra interna.
El daño trasciende y afecta la credibilidad del sistema.
El libro de Scherer no es únicamente una disputa personal ni un ajuste de cuentas. Es un espejo incómodo que refleja tensiones profundas dentro del proyecto político que actualmente gobierna.
México necesita instituciones que investiguen sin filias ni fobias. Necesita coherencia entre el discurso moral y la práctica política.
Porque si las acusaciones se evaporan sin consecuencias, el mensaje
¿Será que no hubo voluntad para impartir la ley o que la justicia es selectiva?
En una democracia, la impunidad no comienza con el delito probado. Comienza cuando el sistema evita averiguar si el delito existió.
Y ese es el verdadero examen que hoy enfrenta el Estado mexicano.
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