"El nuevo trato México–EE.UU: encubriendo un pacto silencioso”
- Javier García
- 7 jul
- 2 Min. de lectura
Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene un discurso enérgico sobre la defensa de la “soberanía nacional”, en los hechos, esa narrativa comienza a desmoronarse.
Por un lado, en México avanza la aprobación de la CURP biométrica, una iniciativa que centraliza datos personales, huellas dactilares, iris, rostro y firma electrónica de cada ciudadano.
Por otro, al norte, la secretaria de Seguridad de EE.UU. reveló públicamente que le entregó a México una “lista de cosas” exigidas por Donald Trump.
Entre ellas, la más delicada: los datos biométricos de ciudadanos mexicanos. Y añadió algo aún más revelador: calificó como “notable” la colaboración del gobierno mexicano.
Se entregan datos. Se prometen esfuerzos. Se aplaude la cooperación.
Pero lo más preocupante no se toca, no se habla, los verdaderos jefes operadores del tráfico de armas, del crimen financiero... siguen siendo intocables.
¿Casualidad? ¿Condiciones políticas? ¿Impunidad negociada?
Una cosa es lo que se dice en discurso; otra, muy distinta, lo que se acuerda a puerta cerrada. Esa incongruencia ya tiene consecuencias.
El caso más simbólico es Ovidio Guzmán, convertido en testigo colaborador de EE.UU.
¿A cambio de qué? ¿Nombres, rutas, vínculos políticos?
La pregunta es incómoda pero necesaria:¿Se está armando una operación de inteligencia a cambio de impunidad selectiva?
Desde la campaña hasta la fecha actual, Sheinbaum ha hablado de soberanía, autodeterminación y resistencia ante la injerencia extranjera. Incluso ha promovido una narrativa de confrontación nacionalista, apelando a frases como “México no será la piñata de nadie”.
Pero los hechos son otros.
¿Se entrega información sensible a EE.UU.?
¿Se implementa vigilancia biométrica sin garantías claras?
¿Se aprueba una CURP biométrica mientras se elogia la “cooperación”?
Todo esto podría justificarse en términos de política o geopolítica.
El problema es la opacidad, la hipocresía y hasta el doble discurso.
¿Qué parte de esa lista ya se cumplió?
Mientras tanto, la población no sabe:cuáles son los verdaderos fines de esa recolección masiva de información.
¿Entregamos los datos de la ciudadanía a cambio de proteger a unos cuantos?
El huachicol no es un crimen menor: implica infraestructura, logística y protección política.Y, sin embargo, no hay un solo alto mando detenido. Las redadas parecen montajes.
Los nombres incómodos no aparecen en las detenciones.
¿Se protege a los verdaderos responsables?
La narrativa nacionalista del gobierno podría estar encubriendo un pacto silencioso: dar acceso a datos, entregar soberanía digital, pero no tocar a la clase política que podría estar implicada.
Y esa contradicción tiene un precio.
¿Ya conoces reflexiones políticas?
Comentarios