Guardia nacional: Para “blindar el poder en México"

La presidenta de México Claudia Sheinbaum mueve su pieza clave en este juego político y muestra  que el proyecto que encabeza no busca únicamente continuidad con el régimen que están instaurando, Su meta va más allá: institucionalizar un poder sin oposición real, blindado constitucionalmente  disfrazado de democracia popular.

Con 349 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de la Guardia Nacional. Una decisión que, lejos de garantizar mayor seguridad para el pueblo, consolida el blindaje político y operativo del régimen actual.

Lo que se plantea no es una reforma progresista ni una actualización del Estado. Es una serie de modificaciones constitucionales quirúrgicas para neutralizar la crítica, militarizar el orden civil y controlar la impartición de justicia.

• La nueva Ley de la Guardia Nacional, aprobada por la Cámara de Diputados, convierte a este cuerpo en una extensión operativa  No solo se formaliza su carácter militar, también se les otorgan facultades para realizar operativos encubiertos, intervenir comunicaciones privadas  con el apoyo del poder judicial y —lo más grave— postularse a cargos de elección popular.

No obstante, las pasadas elecciones de  jueces  por voto popular.  Aunque la participación ciudadana para la legitimación no respaldó ni el 10%    una propuesta que, aunque presentada como un ejercicio de "democracia directa", atenta directamente contra la independencia judicial y el debido proceso constitucional.

Lo que se busca no es empoderar al ciudadano, sino subordinar  la justicia al poder político que controle la narrativa y las campañas. Como lo advirtió la OEA en días pasado,  este modelo viola los estándares internacionales en independencia y eficiencia judicial.

Lo hemos visto recientemente en los estados como Puebla, gobernados por Morena, ya se han aprobado leyes que penalizan los “insultos” en redes sociales,

Disfrazando la censura como protección de la dignidad. El delito de “Ciberasedio” lleva la crítica política a los tribunales y construye un clima de miedo y autocensura.

El mensaje es claro: no se puede criticar al poder sin correr riesgos penales Y se dice que todo es  por  el bien del pueblo.

La narrativa del oficialismo ha sido clara: se gobierna para consolidar el control total, debilitando todos los contrapesos y forzando un modelo autoritario con respaldo legal.

México está presenciando una transformación que no tiene como objetivo la justicia social ni la modernización del Estado, sino la acumulación legalizada de poder.

Reformar la Constitución no es, un problema. Lo grave es cuando esas reformas no buscan ampliar derechos ni fortalecer la democracia, sino silenciar voces, controlar a los jueces, militarizar a los políticos y someter a la ciudadanía a una sola narrativa.

Claudia Sheinbaum no está gobernando como una progresista, sino como una gestora eficaz de un poder que busca perpetuarse.  Pese a que esto pudiera ocasionar conflictos diplomáticos. 

Hay que tener presente que México depende  de un gran número económico de inversiones extranjeras que sin duda deja una derrama económica y  empleos,   todo esto se puede perder en el momento en que los inversionistas no sientan la seguridad requerida.

A lo largo de  la historia nos ha  demostrado que, cuando se cruzan los límites de la libertad en nombre de un supuesto bien común… lo que sigue es un largo periodo de retroceso.

El poder no solo se mide en votos, sino también se mide en consecuencias. Mientras Claudia Sheinbaum avanza en reformas que consolidan un régimen cada vez más cerrado al disenso, México se aleja de los estándares internacionales y de la ruta que exige el siglo XXI: democracia con Estado de derecho, y economía circular con sustentabilidad.

México nunca ha construido una economía sustentable ni circular.

Ni los gobiernos del pasado, ni el actual, han invertido de manera estratégica en la transición energética, el reciclaje, la innovación ambiental o la independencia tecnológica. A pesar de los acuerdos internacionales como el Acuerdo de París y múltiples compromisos con la OCDE y la ONU,  México viola sus metas con prácticas regresivas

Hay que tener muy presente que cuando un país muestra signos de militarización política, debilitamiento del poder judicial, censura disfrazada de ley, los capitales internacionales pierden confianza.

México ha logrado mantenerse a flote, pero si persisten los riesgos de gobernabilidad, legalidad e incumplimiento… esas inversiones se irán.

Claudia Sheinbaum  ya definió:  su interés no es gobernar para construir una nación fuerte, está gobernando  para controlar. México ya definió su nuevo rumbo.

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