Hacienda asume deuda para salvar a Pemex.

R.S

Ciudad de México. El Gobierno federal destina 10 mil millones de dólares para rescatar a Pemex, mientras la petrolera enfrenta una crisis financiera estructural que podría costar hasta 26 mil millones más.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció recientemente que absorberá una parte importante de la carga financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex), destinando alrededor de 10 mil millones de dólares para apoyar a la empresa en el pago de proveedores y el fortalecimiento de su operación.

Esta medida ha comenzado a generar inquietudes en diversos sectores, al recordar el mecanismo del Fobaproa, que en los años noventa trasladó deuda privada al erario público.

Con una deuda total que supera los 110 mil millones de dólares, Pemex es hoy una de las petroleras más endeudadas del mundo. A esto se suma una deuda con proveedores que rebasa los 400 mil millones de pesos mexicanos, lo que evidencia que el rescate anunciado representa apenas un paliativo frente al tamaño del problema.

Pese a los múltiples apoyos fiscales recibidos en los últimos años, la situación operativa y financiera de la empresa no ha mostrado signos de mejora sostenida.

La SHCP enmarca esta maniobra como parte de un paquete para optimizar el perfil de vencimientos de deuda, reducir el costo financiero y estabilizar la empresa, todo ello sin comprometer directamente los recursos presupuestales.

Es una estrategia que pretende mantener la disciplina fiscal, pero que en los hechos traslada el riesgo financiero al Estado, con consecuencias aún no dimensionadas para las finanzas públicas.

Hasta el momento, el gobierno no ha transparentado los términos clave de la emisión, como monto exacto, plazo o tasa de interés. Sin embargo, se anticipa que la colocación será en mercados nacionales e internacionales, respaldada por la garantía implícita del Estado, lo que permitiría acceder a condiciones más favorables que las que Pemex podría obtener por sí sola, dada su deteriorada calificación crediticia.

Esta garantía tácita convierte al gobierno en aval de facto de una empresa quebrada, sin exigirle cambios estructurales de fondo ni mecanismos de rendición de cuentas sobre su uso de recursos.

Desde el inicio del gobierno de la 4t, el Ejecutivo federal ha insistido en rescatar Pemex como símbolo de soberanía energética, priorizando megaproyectos como la refinería de Dos Bocas, sin atender las verdaderas causas del deterioro financiero y operativo de la empresa: ineficiencia, corrupción histórica, baja productividad y un modelo de negocio obsoleto.

La intervención actual confirma que Pemex sigue siendo una carga para el Estado y una herramienta política más que una empresa rentable. En lugar de impulsar una reestructuración profunda, el gobierno apuesta por seguir transfiriendo recursos públicos de manera indirecta, bajo una narrativa de “rescate responsable”.

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