Huachicol fiscal: el silencio que delata la complicidad en el poder
- Javier García
- hace 1 día
- 2 Min. de lectura
La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, reveló recientemente que va en aumento el número de empresas transnacionales involucradas en esquemas de evasión fiscal relacionados con la importación ilegal de combustibles, mejor conocido como “huachicol fiscal”. Esto pone en evidencia la corrupción innegable que involucra a funcionarios de aduanas y comercio exterior, así como a empresas transnacionales.
Sin embargo, la falta de nombres y acciones concretas pone en entredicho la verdadera intención de combatir esta práctica ilícita.
Desde 2020, el sistema aduanero mexicano ha estado bajo control militar, una medida que buscaba erradicar la corrupción. No obstante, la persistencia del huachicol fiscal evidencia que la militarización no ha sido la solución esperada.
La omisión de responsabilidades y la falta de transparencia en las investigaciones expone una posible complicidad que va más allá de funcionarios menores.
En febrero de 2025, Rafael Marín Mollinedo asumió la titularidad de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Su llegada coincidió con una serie de operativos y revelaciones que han sacudido a la estructura fiscal y aduanera del país.
No se trata de atribuir responsabilidades directas, pero sí de poner sobre la mesa un hecho irrefutable: las redes de contrabando y evasión fiscal no se han detenido, y la figura de Marín se encuentra hoy en una posición clave, ya sea como facilitador de la limpieza institucional o como punto obligado de investigación.
Desde su nombramiento, se han registrado múltiples decomisos de combustible ilegal, entre ellos el más notable: el aseguramiento de más de 18 millones de litros de hidrocarburo en los puertos de Altamira y Ensenada, con vínculos que apuntan al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según fuentes de inteligencia financiera.
Pese al relevo administrativo en la ANAM, las prácticas de subvaluación, falsificación de documentos y triangulación de mercancías continúan.
El informe más reciente de la DEA (Drug Enforcement Administration) de Estados Unidos ha encendido aún más las alarmas: los cárteles mexicanos están operando redes de contrabando de gasolina y crudo hacia EE. UU., generando pérdidas multimillonarias a Pemex y al fisco mexicano.
La narrativa oficial intenta presentar estas acciones como avances en el combate al huachicol fiscal. Sin embargo, no hay claridad sobre si estos decomisos representan el inicio de una estrategia sostenida de combate o simplemente son eventos aislados que responden a presiones internacionales, especialmente tras la intervención del Departamento del Tesoro de EE. UU. y su decisión de colaborar directamente con México en la contención del contrabando energético.
Es imperativo que se identifiquen con nombres y apellidos y se apliquen las sancionen a los verdaderos responsables de estas redes de corrupción, sin importar su posición o influencia.
El combate al huachicol fiscal no puede quedarse en declaraciones.
Se requiere de acciones decididas y transparentes que demuestren un compromiso real con la legalidad y la justicia.
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