“La batalla por las reglas: la reforma por las reglas del poder”
- Armando Javier Garcia
- hace 15 minutos
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La discusión sobre la reforma electoral en México dejó de ser un debate técnico. Lo que hoy se disputa no es únicamente el diseño de un sistema administrativo, sino las reglas bajo las cuales se distribuirá el poder político en los próximos años.
En cualquier democracia, modificar el sistema electoral exige algo más que una mayoría parlamentaria. Requiere legitimidad. Y esa legitimidad suele construirse mediante consensos amplios entre fuerzas políticas, precisamente para evitar que las nuevas reglas se perciban como instrumentos diseñados para beneficiar a quien gobierna.
Cuando ese acuerdo no existe, el problema se convierte en político.
La incapacidad de alcanzar ese consenso explica buena parte del conflicto actual.
El fracaso de la reforma original no cerró la discusión; al contrario, abrió una nueva fase de confrontación.
Tras la votación fallida, el oficialismo comenzó a explorar un llamado “Plan B”, negociado entre los partidos que integran su coalición —Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde— con la intención de rescatar parte de los cambios propuestos y reorganizar acuerdos legislativos.
Pero lo verdaderamente revelador no es el contenido del plan alternativo, sino la forma en que se ha desarrollado la disputa.
En los últimos años, Morena ha demostrado una notable capacidad para trasladar los conflictos políticos más allá del Congreso.
La confrontación suele desplazarse hacia otro espacio: el de la comunicación pública y la construcción de percepciones.
La presión se construye en la arena pública.
Y en este caso ocurrió exactamente eso.
Tras la votación fallida, comenzaron a circular campañas de señalamiento dirigidas contra legisladores que rechazaron la reforma. Desde la perspectiva de los promotores del proyecto.
Desde otros sectores, en cambio, se interpretó como una estrategia de deslegitimación destinada a aumentar el costo político de quienes se oponen.
Ese tipo de confrontación no es nuevo en la política mexicana.
Lo novedoso es que la presión ya no se dirige únicamente hacia la oposición.
También comienza a alcanzar a los propios aliados.
Ahí aparece uno de los rasgos más significativos del momento político actual.
La estrategia de comunicación que acompaña al oficialismo no distingue demasiado entre adversarios externos y disidentes internos.
Quien no respalda la línea dominante puede convertirse, rápidamente, en blanco de cuestionamiento público.
No se trata de una percepción. Es el método que Forma parte de una dinámica política que se ha repetido en distintos episodios: trasladar el conflicto institucional al terreno de la narrativa pública para generar percepción.
En otras palabras, la disputa ya no se limita al contenido de la reforma.
Se trata de definir quién acepta el modelo político dominante y quién queda fuera de él.
Ese mecanismo tiene un efecto inmediato dentro de cualquier coalición. Los aliados dejan de actuar únicamente bajo acuerdos políticos y comienzan a moverse bajo el cálculo del costo reputacional.
La discusión sobre el llamado “Plan B” coloca precisamente a esos partidos frente a una decisión incómoda.
Respaldar la iniciativa implica cerrar filas con el proyecto político dominante.
Marcar distancia, en cambio, significa asumir el riesgo de quedar expuestos a la misma maquinaria de desprestigio.
La historia política mexicana demuestra que siempre llega un punto en el que el equilibrio interno comienza a volverse frágil.
Cuando las reglas del sistema intentan redefinirse sin consenso, la discusión deja de ser institucional y se transforma en una confrontación abierta.
En ese escenario, la verdadera pregunta ya no es si la reforma prosperará o no.
La pregunta es otra:¿hasta dónde llegará la presión política para consolidar un modelo de poder único?
Cuando la disputa política se acompaña de campañas de desacreditación dirigidas contra quienes no se alinean —sean adversarios o incluso aliados— el mensaje deja de ser político para volverse estructural: presionar hasta que se acepte un modelo donde el poder se protege a sí mismo.
Y con ello la batalla ya no gira únicamente en torno a una reforma electoral.
La batalla consiste en definir quién puede participar en el juego político…y bajo qué condiciones.
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