La libertad no suele desaparecer de golpe: se entrega poco a poco
- Paola Andrea Onzanga F.
- hace 2 días
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Existe una pregunta que las democracias modernas deberían hacerse con más frecuencia: ¿Cuál es el límite entre la protección legítima del Estado y la dependencia de los ciudadanos hacia el poder?
Durante décadas, distintas corrientes políticas han debatido el papel que debe desempeñar el Estado en la vida pública. Algunos defienden una mayor intervención para garantizar derechos y reducir desigualdades; otros advierten sobre los riesgos de concentrar demasiado poder en las instituciones gubernamentales.
Más allá de las posiciones ideológicas, la discusión sigue siendo relevante porque toca un elemento esencial de toda democracia: la libertad.
Las sociedades libres requieren gobiernos capaces de garantizar seguridad, justicia, educación y oportunidades. Sin embargo, también necesitan ciudadanos capaces de pensar, decidir, producir y participar sin depender completamente de quienes ocupan temporalmente el poder.
El problema surge cuando la solución a cada desafío social parece encontrarse únicamente en el Estado. Poco a poco, la responsabilidad individual, la iniciativa ciudadana y la fortaleza de las instituciones intermedias comienzan a debilitarse.
No ocurre de manera abrupta ni mediante imposiciones evidentes. Ocurre gradualmente, hasta convertirse en una nueva normalidad.
La salud, la educación, la economía, la seguridad o los programas sociales son herramientas legítimas de política pública.
El riesgo aparece cuando dejan de ser instrumentos para empoderar a las personas y se transforman en mecanismos que generan dependencia permanente.
Una democracia sólida no se construye sobre ciudadanos subordinados, sino sobre ciudadanos libres. Personas capaces de exigir resultados, cuestionar decisiones y participar activamente en la construcción del destino colectivo.
La historia demuestra que los mayores desafíos para las libertades no siempre llegan mediante rupturas dramáticas o golpes visibles. En ocasiones aparecen disfrazados de soluciones inmediatas, de discursos que prometen resolverlo todo o de narrativas que presentan al gobierno como el único actor capaz de responder a las necesidades de la sociedad.
A esto se suma otro fenómeno cada vez más frecuente: la polarización. Cuando una nación se divide entre bandos irreconciliables, el debate racional pierde espacio y la confrontación sustituye al diálogo. En ese escenario, la ciudadanía deja de vigilar al poder para dedicarse a defenderlo o combatirlo de manera automática.
Ninguna democracia debería aspirar a ciudadanos obedientes. Debería aspirar a ciudadanos críticos.
La verdadera fortaleza de una nación no radica en el tamaño de su gobierno, sino en la capacidad de su sociedad para sostener sus libertades, proteger sus instituciones y preservar los contrapesos que impiden la concentración excesiva del poder.
Por eso, la discusión no consiste en elegir entre Estado o libertad. Esa es una falsa dicotomía. El verdadero desafío es encontrar el equilibrio que permita garantizar derechos sin sacrificar autonomía, fortalecer instituciones sin debilitar a la ciudadanía y promover el bienestar sin convertir la dependencia en una forma de gobierno.
Las democracias no suelen perderse de un día para otro. La mayoría de las veces se erosionan lentamente, mientras la sociedad deja de preguntarse quién controla el poder y comienza a asumir que alguien más resolverá todo por ella.
Y quizás esa sea la pregunta más importante de nuestro tiempo: cuando el Estado lo resuelve todo, ¿qué le queda al ciudadano?
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