LA PATRIA, EL PODER Y UNA REFORMA CON NOMBRE PROPIO

Le voy a pedir algo antes de comenzar.

No se apresure a indignarse. Tampoco aplauda.

Y, por favor, no convierta esta columna en una competencia entre patriotas y antipatriotas, porque esa suele ser una manera bastante eficiente de evitar la pregunta que realmente importa.

Iniciamos con la primera pregunta sencilla:

¿Qué ocurre cuando una reforma constitucional se presenta como defensa de México, pero también modifica las reglas para llegar al poder?

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa para modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.

La propuesta busca establecer nuevas restricciones para quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Entre ellas: ser únicamente mexicanos, sin doble nacionalidad; haber residido al menos 20 años en el país y renunciar a cualquier otra ciudadanía antes de registrar una candidatura.

Incluso habría restricciones para adquirir otra nacionalidad o invocar protección diplomática extranjera durante el ejercicio del cargo. Hasta aquí, todo parece bastante patriótico.

Y la patria tiene una ventaja extraordinaria en política: es difícil discutir con ella sin parecer sospechoso.

Patria: palabra que aquí significa aquello que todos queremos defender, aunque ocasionalmente algunos intenten utilizarla para que dejemos de preguntar qué están haciendo en su nombre.

El argumento oficial también resulta difícil de combatir: México primero.

¿Quién podría estar en desacuerdo? El problema es que una cosa es México.

Y otra, bastante distinta, es el gobierno que administra México.

Conviene no confundirlas. Porque defender la soberanía nacional puede ser una obligación de Estado. Pero establecer quién puede competir por el poder es otra conversación.

Y ahí es donde esta reforma comienza a ponerse interesante.

La doble nacionalidad puede generar preguntas legítimas.

Conflictos jurídicos. Vínculos con otro Estado.  Posibles mecanismos de protección diplomática.  Hasta ahí, el debate es perfectamente razonable.

Incluso la propia presidenta ha reconocido que eliminar la doble nacionalidad no garantiza por sí misma que desaparezca la posibilidad de injerencia extranjera.

Entonces hagamos la pregunta que probablemente resulte menos patriótica de todas:

Si no es una garantía absoluta, ¿qué problema concreto pretende resolver esta reforma?

No se apresure. Todavía no hemos llegado a lo más interesante.

Las reformas no solamente deben analizarse por lo que dicen. 

También deben observarse en qué momento aparecen y las consecuencias que podrían producir.

Y el contexto importa.

La iniciativa aparece en medio de una relación particularmente sensible con Estados Unidos, de tensiones sobre seguridad y soberanía, de acusaciones contra actores políticos mexicanos y, además, de una discusión que ya tiene nombres y apellidos.

Uno de ellos es Francisco García Cabeza de Vaca.

El exgobernador de Tamaulipas ha expresado su intención de buscar la candidatura presidencial rumbo a 2030 y mantiene la ciudadanía estadounidense.

¿Eso convierte automáticamente la reforma en una ley diseñada para impedirle competir?  No. (Qué curioso). Pero... Afirmar que así es, sin demostrarlo, sería demasiado fácil.

Pero tampoco significa que el ciudadano deba hacerse el distraído.

Porque una de las cosas más curiosas de las reformas generales es que, aunque están escritas para todos, no necesariamente afectan a todos de la misma manera.

Y aquí aparece otra palabra que conviene definir. Neutralidad.

Neutralidad: palabra que significa que una regla se aplica igual cuando beneficia a tus amigos que cuando perjudica a tus adversarios. Una definición bastante sencilla.

Y precisamente por eso conviene comprobarla.

Si la reforma es una defensa integral de la soberanía, ¿por qué concentrarla específicamente en quienes aspiran a la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno?

¿Por qué no establecer un criterio equivalente para todos los cargos de elección popular?

Quizá exista una explicación jurídica. Y sería perfectamente legítimo conocerla.

Porque las omisiones también hablan.  A veces incluso dicen más que los discursos.

Y entonces llegamos al verdadero problema.

No se trata de saber si una persona con doble nacionalidad puede ser patriota.

Por supuesto que puede.

Tampoco se trata de negar que un jefe de Estado deba actuar con absoluta lealtad hacia México. Eso debería ser incuestionable.

La pregunta es otra: ¿Quién decide cuándo una característica personal representa un riesgo para la nación y cuándo simplemente se convierte en un obstáculo para competir por el poder? 

Y aquí quizá sea necesario recordar una pequeña crueldad de la democracia: el poder cambia de manos.  A veces incluso sin pedir permiso.

Por eso una buena reforma debe sobrevivir al partido que la impulsa.

Porque si una regla parece conveniente mientras gobiernan unos, pero se vuelve peligrosa cuando gobiernan otros, quizá nunca fue una buena regla.

Fue simplemente una buena herramienta.

Y una herramienta constitucional puesta en manos de una mayoría puede ser mucho más peligrosa que una mala declaración política.

Ahora bien, tampoco sería serio decir que toda regulación sobre nacionalidad es una persecución política.  No lo sabemos.  Y precisamente por eso debemos observar. Preguntar. Comparar.  Leer la letra pequeña.

Porque el ciudadano no tiene por qué escoger entre “defender la soberanía” o “defender la democracia”. Puede exigir ambas. Eso sería lo razonable.

Lo demás merece preguntas.  Y quizá esta sea la pregunta que deberíamos llevarnos cuando termine el debate legislativo: ¿Estamos estableciendo una regla para proteger al Estado mexicano… o una regla que, accidentalmente o no, puede terminar protegiendo al poder de quienes quieran competir contra él?

Quizá el problema ya no esté en el candidato. Quizá esté en cuánto miedo le tienen a perder el poder.