“Nace la era del pensamiento penalizado”

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El gobierno mexicano presume de apertura democrática y respeto a las libertades, los hechos revelan una narrativa completamente distinta: una ofensiva estratégica contra la crítica, que ahora se esconde bajo el manto de “dignidad” y “orden digital”. El caso de Puebla y la detención de un periodista en Campeche son señales de alerta que no pueden ser ignoradas.

Recientemente el   Congreso de Puebla —controlado por Morena— aprobó  una reforma para castigar con prisión los “insultos reiterados” en redes sociales, bajo la figura ambigua de “ciberasedio”. Según la narrativa oficial, se trata de “defender la dignidad”, pero el contexto desmiente esa intención.

Si bien es verdad que hay que regular el uso de algunas plataformas,

Pero esto va mucho más allá. La reforma se aprueba justo cuando el gobernador Alejandro Armenta Mier. y su círculo más cercano enfrentan críticas en las diferentes plataformas de redes sociales. ¿Casualidad? Improbable.

Es una jugada táctica para blindar al poder de la rendición de cuentas ciudadana.

¿Qué es un insulto? ¿Dónde termina la crítica y comienza el delito?La ley no responde. Y esa ambigüedad es peligrosa: convierte el Código Penal en un arma de interpretación política.

Pero eso no es todo, el periodista Jorge Luis González, exdirector del diario Tribuna de Campeche, fue detenido y procesado por "incitación al odio", tras publicaciones críticas hacia la gobernadora Layda Sansores, también de Morena.

Este hecho confirma el patrón nacional: la narrativa oficialista convierte la crítica en delito y al periodista en enemigo público.

 No se trató de una amenaza, de violencia física o de incitación real: fue opinión dura contra el poder. aquí ya no hablamos de leyes locales: hablamos de represión por discurso crítico.

Tanto en Puebla como en Campeche, el mensaje es muy  claro: si el poder no puede desmentirte, te silencia por la vía legal o judicial. usar la ley como mordaza.

La 4T no solo desacredita a la prensa o a los activistas. Está institucionalizando el castigo por disentir.

Y esto no es un hecho aislado. Es parte de una tendencia internacional en regímenes de corte autoritario que simulan democracia mientras desactivan la crítica, paso a paso.

El artículo 6º de la Carta Magna garantiza la libertad de expresión, incluso si esta incomoda. Lo que era delito en dictaduras, hoy se presenta como “protección legal”.

Se instala la autocensura como mecanismo de supervivencia digital.

México corre el riesgo de convertirse en un país donde el poder no se confronta con razones, sino con demandas penales.

Esta no es una batalla jurídica ni mediática: es una batalla por la verdad pública. Y la estrategia del gobierno es clara:

1.   Cierra espacios críticos.

2.   Judicializa la disidencia.

3.   Disfraza el autoritarismo de orden y legalidad.

Mientras tanto, la sociedad civil y los defensores de derechos deben hacer frente con:   Observatorios ciudadanos.   Impugnaciones judiciales. Solidaridad activa con periodistas perseguidos.

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Si el gobierno se ofende más por un tuit que por un acto de corrupción, queda claro quién necesita regulación: el poder, no el pueblo.

Hoy no se encarcela solo por armas o delitos graves. Se encarcela por palabras. Por opinar. Por denunciar.

Y eso, en cualquier país que se diga democrático, es una traición al espíritu republicano.