“Revocación o control: Sheinbaum aprende a evaluarse a sí mismo”.
- Armando Javier Garcia
- 23 mar
- 2 Min. de lectura
En teoría, la revocación de mandato es uno de los instrumentos más sofisticados de control democrático.
En la práctica, su uso revela algo más incómodo: la relación real entre el poder y la ciudadanía.
El principio es sencillo. La revocación existe para responder a una ruptura de confianza. No es una extensión de la contienda electoral, ni un mecanismo de validación política.
Es, en esencia, un límite.
Pero cuando ese instrumento es impulsado desde el propio poder, la lógica se altera.
Lo que debía ser un contrapeso se convierte en recurso. Lo que debía corregir, comienza a legitimar.
Y ahí aparece la primera distorsión.
Sin una pérdida de confianza clara —socialmente percibida, políticamente asumida—, la revocación pierde su sentido institucional.
Deja de ser un mecanismo excepcional y se transforma en un ejercicio previsible.
Más aún cuando se inserta en tiempos electorales. En ese punto, ya no mide legitimidad: compite por ella.
Y competir implica algo inevitable: polarización.
Desde una perspectiva institucional, el riesgo es más profundo de lo que parece.
Un sistema que normaliza consultas sin causa real erosiona su propia estabilidad.
Gobiernos que deberían gobernar comienzan a administrarse. Las decisiones públicas dejan de responder al largo plazo y se subordinan a la urgencia de sostener respaldo.
Las democracias que han logrado estabilidad entienden una regla básica: Los mecanismos de control deben corregir al poder, no convertirse en parte de su estrategia.
Por eso, en otros sistemas, la rendición de cuentas ocurre bajo condiciones claras: elecciones competitivas, instituciones autónomas, reglas que no se reescriben desde la ventaja.
México, en cambio, retrocedió para moverse en una ambigüedad cada vez más evidente.
Por un lado, el discurso de participación ciudadana. Por el otro, el uso político de los mecanismos que deberían limitar al poder.
Y en medio de esa tensión aparece el actor más determinante: la ciudadanía.
Porque ningún instrumento democrático funciona si pierde su significado. Si no se distingue entre control real y simulación política. La participación se convierte en rutina, pero no en exigencia.
La política no se debilita por exceso de participación. Se debilita cuando las reglas dejan de ser árbitro y se convierten en herramienta.
Y cuando eso ocurre, lo sustantivo desaparece.
La inseguridad permanece. La desigualdad persiste. La gobernanza no mejora. Solo cambia la narrativa.
Por eso, el problema no es la revocación en sí. Es su uso.
Si este mecanismo ciudadano es apropiado por el poder, deja de ser control y se convierte en simulación. Una simulación incómoda… pero eficaz.
Porque no todos quieren ver lo evidente. No todos están dispuestos a cuestionar aquello en lo que creen.
Y ahí está el punto de quiebre.
¿La ciudadanía está evaluando al gobierno…
o el gobierno está utilizando a la ciudadanía para evaluarse a sí mismo?
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