Seguridad para los señalados, incertidumbre para los ciudadanos.

La política mexicana ya alcanzó un nivel de cinismo donde los ciudadanos tienen que rogar protección, mientras los políticos señalados reciben escoltas automáticas como si fueran membresía premium del poder. La diputada Paola Ivette Gárate Valenzuela aprovechó la sesión del Congreso de Sinaloa para lanzar una pregunta incómoda que nadie en el oficialismo parece querer responder: ¿Cómo es posible que nadie “sepa” en dónde está Rubén Rocha Moya, pero aun así tenga seguridad oficial? Y ahí es donde la narrativa gubernamental empieza a hacer agua por todos lados. Porque según el discurso público, ni la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ni el secretario de Seguridad Omar García Harfuch saben el paradero del ex gobernador.

Pero mágicamente sí existe un operativo de protección para él. O sea: no saben dónde está, pero sí saben dónde cuidarlo. Una joya de lógica institucional digna de premio nacional al absurdo. La diputada PRIísta remató con un golpe políticamente venenoso: ella pidió seguridad formalmente, públicamente y ante los medios de comunicación, y no obtuvo respuesta. Pero a personajes señalados desde los Estados Unidos por presuntos vínculos incómodos sí les asignan protección inmediata. Y esta comparación duele porque exhibe la gran desigualdad del sistema mexicano: la seguridad pública dejó de ser un derecho ciudadano para convertirse en privilegio político.

En México, si eres periodista, activista, empresario amenazado o ciudadano atrapado en una región violenta, probablemente tengas que encomendarte a Dios. Pero si eres figura política bajo sospecha internacional, entonces aparecen escoltas, camionetas blindadas y protocolos especiales como por arte de magia. Lo más grotesco es que el gobierno sigue intentando vender normalidad institucional mientras las contradicciones se acumulan más rápido que las conferencias de prensa.

Porque si realmente desconocen el paradero de Rubén Rocha Moya, entonces estamos frente a un vacío alarmante de control político.

Y si sí saben dónde está, pero fingen no saberlo, entonces el problema ya no es desorganización, es simulación. La política sinaloense entró en una fase donde cada declaración parece escrita por un guionista de sátira negra. Funcionarios desaparecidos públicamente, investigaciones internacionales creciendo y gobiernos que dicen ignorar ubicaciones, mientras financian esquemas de seguridad. Mientras tanto, el ciudadano común sigue esperando patrullas que nunca llegan, llamadas de emergencia que nadie responde y justicia que siempre parece tener el GPS descompuesto. Pero eso sí: para proteger a la clase política, el sistema siempre encuentra señal.