Violencia, bloqueos y negocios quemados,… los ciudadanos pagan los daños.
- Armando Javier Garcia
- hace 2 horas
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En México, la violencia rara vez termina cuando concluye un operativo. Sus efectos suelen prolongarse mucho después, especialmente para quienes quedan atrapados en medio del conflicto.
El reciente pronunciamiento del diputado federal Rubén Moreira Valdez vuelve a colocar sobre la mesa un problema que desde hace años acompaña al país: la violencia no solo deja víctimas directas; también genera un impacto económico y social que muchas veces queda fuera del radar institucional.
El legislador exigió que diversas instituciones — entre ellas la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado — implementen medidas extraordinarias para apoyar a los negocios y ciudadanos afectados por los hechos violentos registrados el 22 de febrero en diversos estados del país.
De acuerdo con su posicionamiento, cientos de ciudadanos enfrentan hoy un doble problema: primero el daño provocado por los hechos violentos y, después, la burocracia para intentar recuperar lo que perdieron.
¿Quién responde cuando la violencia paraliza regiones?
Los bloqueos carreteros, la quema de comercios y la toma de vehículos ocurridos tras el operativo federal en Jalisco para capturar a un líder criminal no solo evidencian la capacidad de reacción de los grupos delictivos; también revelan una realidad incómoda.
Pequeños comercios, transportistas, trabajadores y familias terminan atrapados en medio de una confrontación que nunca eligieron.
En ese contexto, el punto de acuerdo impulsado por Moreira plantea suspender temporalmente obligaciones fiscales, agilizar investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República y facilitar que las aseguradoras reconozcan los daños provocados por estos episodios.
Durante los últimos años, la narrativa oficial ha insistido en medir el éxito de la estrategia de seguridad a partir de capturas o decomisos relevantes.
Sin embargo, los episodios de violencia coordinada que paralizan ciudades o carreteras muestran otra dimensión del problema: la capacidad de los grupos criminales para alterar la vida cotidiana de regiones enteras.
El planteamiento del legislador priista también se inserta en un escenario político donde la seguridad vuelve a convertirse en un terreno de disputa narrativa.
Para la oposición, estos episodios reflejan una estrategia fallida. Para el oficialismo, se trata de reacciones del crimen organizado ante golpes importantes del Estado.
La realidad, como suele ocurrir en México, probablemente se encuentre en algún punto intermedio.
Pero hay un elemento que difícilmente admite discusión: cuando la violencia escala, los ciudadanos no solo pierden seguridad; también pierden patrimonio, estabilidad económica y, en muchos casos, confianza en las instituciones.
Más allá del posicionamiento político o del exhorto legislativo, el verdadero desafío sigue siendo el mismo que ha acompañado al país durante décadas.
Si cada operativo contra el crimen termina con negocios quemados, carreteras bloqueadas y familias intentando recuperar lo perdido entre trámites y seguros, el problema ya no es únicamente de seguridad.
Es de gobernabilidad.
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