Alito Moreno acusa a Morena de proteger al crimen organizado

Cartel de macuspana.

En México, la política siempre ha tenido un espacio de confrontación y acusaciones. Pero lo que hoy vemos  la presento  ante la opinión pública va más allá de una disputa partidista. Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR), así como en agencias internacionales como el FBI y la DEA, presuntos vínculos del partido en el poder con el crimen organizado, el financiamiento de narco-terrorismo y la protección institucional de carteles y operaciones de lavado de dinero.

La denuncia, acompañada,    según Moreno,  de fichas, contratos y documentos de acuse, fue expuesta en el Senado de la República. Y más allá de la figura del denunciante, lo que está en juego es la legitimidad de las instituciones y la responsabilidad del Estado frente a un tema de carácter no solo nacional, sino transnacional, la seguridad.

Esto genera una delgada línea entre un  partido y un clan. 

Un partido político, en democracia, es un espacio de representación ciudadana, un vehículo para procesar demandas sociales y generar propuestas de gobierno. Pero cuando las acusaciones apuntan a que un partido se transforma en un clan de protección criminal, el terreno cambia radicalmente: deja de ser competencia electoral y se convierte en una amenaza directa para la soberanía y la seguridad de la nación.

Si las instituciones no investigan con rigor, el mensaje hacia dentro y fuera del país sería un  lamento. México estaría normalizando la impunidad política como cobertura del crimen organizado.

Alejandro Moreno insistió en que su denuncia no surge de un arrebato político, sino tras “varias reuniones” y la integración de supuestas pruebas que entregó a instancias nacionales e internacionales.

Subrayó que este caso debe ser atendido con seriedad, porque no es solo un tema  político,  se trata de un asunto de seguridad nacional y transnacional.

En este punto, cabe resaltar un dilema crítico: si existen elementos suficientes, el Estado está obligado a abrir investigaciones claras, públicas y con resultados. Pero si se desestima sin revisión, la sospecha recaerá en que se encubre lo que se denuncia.

La gravedad de esta denuncia no radica en quién la presenta, sino en lo que significa para el país. Un gobierno puede sobrevivir a la crítica, pero no puede sobrevivir a la percepción de ser un narco-Estado impune.

La política mexicana enfrenta un punto de inflexión. Más allá de las disputas  partidistas, lo que está en juego es la credibilidad de la democracia y la confianza ciudadana en sus instituciones.

Si la denuncia de Alejandro “Alito” Moreno procede, el Estado no puede responder con ambigüedad: debe abrir una investigación penal exhaustiva y activar los mecanismos de fiscalización previstos en la ley. La normativa mexicana contempla sanciones que van desde auditorías y multas, hasta la pérdida del registro de un partido cuando se acreditan faltas graves y sistemáticas, siempre bajo el debido proceso y con respeto a la presunción de inocencia.

La exigencia ciudadana es clara: investigación seria, transparencia en las pruebas y sanciones proporcionales. Porque si un partido  por acción u omisión  protege estructuras criminales, entonces corresponde a las instituciones aplicar la ley sin titubeos. México no puede permitirse partidos-clan ni gobiernos que encubran delitos.  Por encima de todo, la justicia debe prevalecer.

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