“Exigir lo que es ley no es política: es deber ciudadano”
- Armando Javier Garcia
- 8 sept
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El reciente comunicado del diputado Rubén Moreira pone sobre la mesa dos asuntos que parecen distintos, pero en realidad están íntimamente conectados: la dignificación salarial de policías, enfermeras, médicos, maestros y militares; y la deuda multimillonaria de Pemex con sus proveedores.
Ambos casos reflejan lo que en México solemos normalizar: la brecha entre lo que la Constitución promete y lo que el Estado realmente cumple.
La reforma al Artículo 123 ya fue aprobada y establece que ciertos profesionales deben percibir un ingreso equivalente al promedio registrado por el IMSS, es decir, alrededor de 18 mil pesos mensuales. Sin embargo, la realidad es otra.
Las policías municipales en estados como Guerrero o Veracruz no superan los 8 mil pesos mensuales.
Las enfermeras del sistema de salud pública apenas alcanzan entre 10 y 12 mil pesos, con contratos temporales y sin seguridad laboral.
La exigencia de Moreira no es menor: de no etiquetarse recursos en el Presupuesto 2026, la reforma se convertirá en letra muerta.
El adeudo de Pemex con proveedores supera los 20 mil millones de dólares. Esta cifra refleja no solo una crisis administrativa, sino un impacto directo en economías regionales, como la de Campeche, donde empresas locales han tenido que cerrar por falta de pagos.
Hablar de soberanía energética mientras se incumple con los contratistas es un contrasentido: sin liquidez en la cadena de suministro, no hay producción que aguante.
Mario Di Costanzo lo señaló con precisión: el rescate bancario (FOBAPROA) sigue drenando recursos del erario, y las explicaciones desde la Presidencia confunden más de lo que aclara.
“Presidenta, no mienta” no es un ataque retórico, sino una evidencia de la fragilidad con la que se maneja el discurso oficial frente a la técnica financiera.
El fondo de este debate es inquietante: en México pareciera que solo la oposición tiene derecho a exigir cumplimiento de la ley.
Pero exigir salarios dignos y pagos justos no debería ser bandera de partido; debería ser un consenso y responsabilidad nacional.
La alternancia política debería ser un mecanismo de equilibrio institucional, no un castigo a un gobierno. Sin embargo, el oficialismo actual apenas escucha y minimiza las voces de sus opositores políticos, desestimando opiniones que podrían favorecer al país.
descalificar a quienes critican o proponen alternativas, el oficialismo intenta transmitir a la ciudadanía que solo su proyecto político tiene derecho y que las demás voces carecen de valor.
Así se construye la narrativa del gobierno actual “lo que hacemos está bien y lo demás no cuenta”, incluso esta ignorando que ningún gobierno puede representar a la mayoría absoluta.
El llamado de Rubén Moreira no debería quedar atrapado en un cerco político interno ni limitarse a un mensaje de partido; tendría que llegar a los miles de mexicanos que, por falta de cultura política, han normalizado la indiferencia y hoy normalizan el cinismo y creen que solo existe una voz que confronta al poder.
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